Regulación de la cuestión de confianza: ¿triunfo para el país?

El Congreso ha aprobado -por insistencia, a pesar de la observación del Ejecutivo- una ley que interpreta la cuestión de confianza (CdC). Esta norma precisa que la CdC no se puede plantear para temas que no competan principalmente al Ejecutivo (incluyendo asambleas constituyentes o reformas constitucionales) y tampoco puede ser interpretada como “denegación fáctica”, sino que debe ser literalmente negada por el Congreso. Esta norma, a primera vista, parecer muy razonable y correcta, además de efectivamente “poner en su sitio” al Ejecutivo, que ha respondido afectado, incluso diciendo que plantearán una acción de inconstitucionalidad contra ella. ¿Es verdad esto?

La aparente mortificación del Ejecutivo -que ha llamado “golpe parlamentario” a este acto del Congreso- no es real. La mortificación sirve a la narrativa del Gobierno, que quiere aparentar una lucha contra el Congreso -popular entre sus electores de izquierda-, pero de una intensidad baja, que no genere realmente un desequilibrio del estado actual. Esta mortificación también es útil para el Congreso, que se puede ufanar de haberle asestado un golpe al Ejecutivo. 

A pesar de las apariencias, la norma dada por el Congreso -además de posiblemente inconstitucional- es inocua y contraproducente, por los siguientes motivos:

En los próximo meses o años, no veremos CdC presentadas por el Ejecutivo. El Congreso podrá atribuirse ese “triunfo”, pero lo cierto es que el Ejecutivo no pensaba poner ninguna CdC en primer lugar, porque su estrategia es mantener status quo (ver explicación, aquí). Esto fue ampliamente demostrado cuando el Gobierno prefirió sacrificar a Bellido y a Maraví antes de hacer CdC. El Congreso, al hacer esta norma (regular la CdC) partió de la premisa errada -prodigada por sus mediáticos asesores- de que el Gobierno tenía como prioridad cerrarlos y hacer una asamblea constituyente. Ambas cosas son falsas y ahora debería ser obvio para todos.

Más allá de esto, si el Ejecutivo efectivamente quisiera hacer CdC sobre algo, esta norma no se lo impediría. La ley interpretativa del Congreso sobre la CdC no pasa de ser eso, una interpretación del Congreso. El Congreso es un intérprete más de la Constitución, al igual que el Ejecutivo. Ambos están al mismo nivel. El Congreso, al aceptar o no una CdC, también está interpretando la Constitución. Eso no cambia porque lo pongan formalmente en una ley. El Ejecutivo hará su propia interpretación de la CdC, que no tiene porqué coincidir con la del Congreso. El Tribunal Constitucional (TC) es el supremo intérprete de la Constitución, por tanto es el único que puede decirle al Ejecutivo o al Congreso como interpretarla.

Si la estrategia del Ejecutivo es mantener status quo, la de la oposición -dentro y fuera del Congreso- debería de ser la inversa: mover el avispero.  Sin embargo, regular la CdC, oponerse a la asamblea constituyente o enfocarse en criticar a ministros individualmente; son todas cuestiones que ayudan a mantener status quo, “gobernabilidad”, nada más y nada menos, con Sendero Luminoso sentado en el palacio de gobierno. Regular CdC ayuda a mantener status quo porque le da seguridad al Congreso. El Ejecutivo, hábilmente, relaciona esto con la vacancia, pero en realidad es todo lo contrario. Como dije desde hace meses (aquí), la vacancia solo tendría alguna chance de ser impulsada si los congresistas sienten que sus curules corren peligro y si creen que la vacancia no traerá el cierre del Congreso (eso es otra discusión, donde absurdamente hay gente interpretando que la vacancia tiene como consecuencia también el cierre del Congreso).

La constitucionalidad de la ley es irrelevante. Técnicamente, debería ser declarada inconstitucional (por contradecir interpretación del TC), pero dependerá de si el Congreso logra cambiar la composición del TC antes de que sea analizada. En cualquier caso, dada la irrelevancia práctica de la norma, la cuestión sobre su constitucionalidad es igualmente irrelevante.

En definitiva, la interpretación de la CdC solo beneficia a los congresistas que la han impulsado y al Ejecutivo, pero no beneficia a la sociedad peruana. En ese sentido, no es un triunfo, sino una derrota más del país, que sigue avanzando hacia una tiranía comunista, distraído y convulsionado por estos conflictos aparentes.