El "riesgo moral", el Congreso y la vacancia

Actualmente existen tres estrategias posibles para lidiar con el Ejecutivo, por parte del Congreso: la primera consiste en hacer como que nada pasa: asumir que tenemos en frente a un gobierno “normal” y no a comunistas/terroristas. La segunda consiste en hacer acciones de respuesta que intentan debilitar al gobierno o protegerse de un posible cierre. La tercera consiste en hacer de la vacancia un tema urgente y necesario, asumiendo que es la única estrategia viable para salvar al país. Sobre la primera y tercera estrategias, ya me he pronunciado en artículos anteriores. La primera estrategia es absurda y la tercera es efectivamente necesaria y urgente (aquí y aquí). Esta vez me concentraré en la segunda estrategia.

En teoría económica existe el “riesgo moral” (moral hazard). Moral hazard ocurre cuando una persona tiene información asimétrica sobre un riesgo y toma decisiones que no lo afectan a él directamente o principalmente. El caso típico es el de una persona que se comporta de forma más riesgosa una vez que contrata un seguro.

En el caso del Congreso, interpelar o censurar ministros uno a uno; interpretar el artículo 132 de la Constitución sobre la “cuestión de confianza” o reformar las reglas de elección a miembros del TC, para que no puedan permanecer en el cargo una vez vencido su periodo, podrían dar la sensación de seguridad al Congreso (y -en parte- a la ciudadanía) pero nos hacen perder de vista y subestimar el riesgo de que Castillo (y Dina Boluarte) permanezca en el poder.

Además, así como un seguro no evita muertes, esas medidas tampoco evitarán el cierre del Congreso y subsecuente destrucción del país. Los ministros censurados serán reemplazados por otros igual de malos, pero creando la ilusión de control al Ejecutivo. La naturaleza de los ministros es ser “fusibles”, por lo que no debe ser tomado como una victoria sacar a un ministro. Es más, una estrategia obvia de Castillo será renovar ministros cuando las papas quemen.

La “interpretación auténtica” del artículo 132 de la Constitución, acerca de la “cuestión de confianza”, no será tomada en cuenta por Castillo ni por el TC, si el caso llega a dicha instancia. Al final de cuentas, el Ejecutivo y el Congreso son intérpretes de la Constitución con igual jerarquía. Poner la interpretación preferida del Congreso en blanco y negro no cambia nada.

Pero, la peor de todas estas opciones que conforman la estrategia 2, sin duda, es dejar sin quórum al TC. No tiene ninguna utilidad y es perjudicial. La lógica es que este TC podría darle la razón a Castillo si cierra el Congreso de forma inconstitucional, como lo hizo Vizcarra. El Congreso va a ser cerrado con o sin TC, pero, si existe una mínima chance de que el TC actúa a favor de la democracia, ¿por qué renunciaríamos a ella? Por otro lado, esta medida mellaría el Estado de Derecho, quitándole legitimidad  al Congreso, dando más argumentos para su cierre. Finalmente, dejaría a la ciudadanía sin la protección del TC (incluso éste, es un garante de los DD.FF.). Fuera de todo esto, la medida sería inconstitucional, pues sería una afectación a la autonomía del TC.

Volviendo al punto original, el Congreso actúa de alguna forma queriéndose asegurar, cuando en realidad nos convendría que actúe sin seguro, asumiendo el mismo riesgo que asumimos nosotros como país. Lo único rescatable de la estrategia 2 es que el Congreso actúa, en lugar de permanecer inerte. Deben ser un poco más audaces al encarar el peligro que enfrentamos. No es fácil, pero es ingenuo pensar que un riesgo tan grande tendrá una solución fácil.