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Pobreza urbana en el Perú: un llamado urgente a la acción frente a un desafío en aumento
Distintas proyecciones recientes prevén una caída en el PBI para el 2023 asociada a la pérdida de empleo y al incremento de la pobreza. Sobre este último, el titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) confirmó que desde el Estado también se estima un aumento de la pobreza para este año. Este escenario no hace más que acrecentar las consecuencias de la crisis económica y sanitaria derivadas de la pandemia de la COVID-19.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)[CN1] , en el 2022 el porcentaje de peruanos en situación de pobreza alcanzó el 27.5%. Pero, si se considera a la población vulnerable de caer en la pobreza, esta cifra alcanza a casi el 60% de la población. En otras palabras, cerca de 20 millones de peruanos están en situación de pobreza o en riesgo a caer en ella ante shocks como la pérdida de empleo, las crisis económicas o un desastre natural.
Si bien la incidencia de pobreza es mayor en el ámbito rural, la tendencia de los últimos años muestra un cambio hacia una pobreza principalmente urbana. Por un lado, el 72% de la población en situación de pobreza o vulnerabilidad reside en zonas urbanas (14 millones de peruanos). Por otro lado, en los últimos 10 años, la incidencia de pobreza en el ámbito urbano aumentó de 17% a 24%, mientras que en el ámbito rural disminuyó de 53% a 41%. Si bien la pandemia aceleró este cambio, las cifras muestran que la reducción de la pobreza en el país es principalmente rural (ver Gráfico N.° 1).
En ese sentido, conviene destacar las notables diferencias entre la pobreza urbana y rural. Si bien ambas son inherentemente multidimensionales, existen diferencias considerables dependiendo del contexto y que muchas veces pueden estar asociadas a lo urbano (Lemanski, 2016). [CN1] Algunos ejemplos son el acceso a agua, los costos de transporte y la dinámica del mercado laboral.
En el primer caso, si bien gran parte de los hogares urbanos accede a agua (90%), solo la mitad tiene acceso las 24 horas del día, y solo la mitad también accede a agua segura. Esta dificultad en el acceso de servicios públicos está asociada a la informalidad del proceso de urbanización, donde la invasión (41%) y la lotización informal (50%) son las modalidades más comunes de urbanización en las ciudades del país (Espinoza & Fort, 2020)[CN2] .
En cuanto a los costos de transporte, en un contexto urbano las distancias, tiempos y costos de movilización son mayores, por lo cual el sistema de transporte cumple un rol trascendental. En el caso particular de Lima y Callao, la calidad del transporte público representa el segundo problema que más afecta a la calidad de vida, solo por detrás de la inseguridad ciudadana (Lima Cómo Vamos, 2022)[CN3] .
Por último, la dinámica laboral urbana en el Perú está concentrada mayoritariamente en sectores como servicios (42%) y comercio (21%), a diferencia del ámbito rural donde el 78% de la fuerza laboral pertenece al sector primario de la economía (vinculado a la agricultura, pesca y minería). Esto, como se mencionó, tiene un correlato con los índices de desempleo: en el ámbito urbano la tasa de desempleo es significativamente mayor que en el rural y aumenta en función a la situación de pobreza.
Las políticas de lucha contra la pobreza deben contar con una estrategia diferenciada y específica para la población urbana (Mitlin, 2000).[CN1] Existen por lo menos tres ámbitos en los que se deberían impulsar desde distintos sectores del Gobierno.
En primer lugar, resulta fundamental diseñar e implementar una reforma laboral que simplifique la creación de empleos formales en la economía. Es notable que la legislación laboral peruana haya resultado en un costo laboral no salarial del 68%, lo que convierte al Perú en el país con la segunda mayor tasa de sobrecosto laboral en Latinoamérica y el Caribe solo por detrás de Argentina (72%) (Alaimo et al., 2017)[CN2] . En consecuencia, se requiere de un conjunto de reformas que permitan disminuir estos costos sobre todo para las micro y pequeñas empresas, de tal forma que puedan crecer de manera gradual. Asimismo, se puede impulsar la capacitación e intermediación laboral para facilitar la inserción en empleos formales, así como formar alianzas público-privadas para la incorporación de personas egresadas de dichas capacitaciones.
En segundo lugar, la pobreza y vulnerabilidad están directamente vinculadas a la falta de acumulación de activos y servicios de calidad en el hogar. El impulso de programas de vivienda social es una alternativa para disminuir la vulnerabilidad de pobreza, mejorar la calidad de los servicios públicos a hogares vulnerables y generar empleos durante la etapa de construcción. Si bien el país cuenta con programas de apoyo a la vivienda social a través del Fondo Mi Vivienda, cada año solo se otorgan bonos o financian créditos a poco más de 50,000 hogares a nivel nacional, cuando el déficit habitacional se estima en 1.8 millones de hogares. A ese ritmo se cerrará el déficit habitacional del país en más de treinta años.
Tercero, los cuidados de personas con dependencia en hogares pobres o vulnerables usualmente son asumidos por sus familiares, lo que limita la posibilidad de generar mayores ingresos. De hecho, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres) indican que existe un círculo vicioso entre cuidados, pobreza, desigualdad y precariedad (CEPAL & ONU Mujeres, 2022)[CN3] . Adicionalmente, es importante considerar que los servicios de cuidado son, generalmente, mal pagados e informales y son asumidos usualmente por mujeres en situación de vulnerabilidad, lo que acrecienta el círculo vicioso mencionado. Resulta importante impulsar un sistema de cuidados que permita proteger a la población con dependencia (niños, niñas, personas con discapacidad moderada o severa y adultos mayores), así como los y las cuidadores con o sin remuneración.
La pandemia ha cambiado el panorama de la política social en el mundo, siendo los hogares vulnerables en las ciudades quienes se han visto más afectados. Por consiguiente, resulta imperativo que las políticas públicas orientadas a la reducción de la pobreza se adapten a esta nueva realidad. Su objetivo principal debería ser fortalecer la capacidad de los hogares para afrontar potenciales escenarios adversos como desastres naturales, crisis económicas o sanitarias, lo cual resulta esencial para construir resiliencia a largo plazo en los hogares más vulnerables. En ese contexto, el compromiso del gobierno y la sociedad civil son fundamentales para trazar una estrategia social que permita aliviar la pobreza urbana en el corto plazo y siente las bases para una sociedad resiliente frente a desafíos futuros