El acceso universal al agua y saneamiento de calidad: ¿utopía o realidad?

Uno de los compromisos más importantes del Perú ante la comunidad internacional en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por la Naciones Unidas es lograr el acceso a la cobertura de agua y saneamiento de calidad para todos los peruanos (ODS 6). Esta cobertura universal no implica, únicamente, la instalación de conexiones domiciliaras sino, más bien, garantizar a los hogares que el agua que se les provee tiene la cantidad, calidad y oportunidad adecuadas para sus necesidades de consumo. Las Naciones Unidas son enfáticas también en señalar que la gestión de dichos servicios debe ser sostenible en todas sus dimensiones: técnica, social, ambiental, entre otras.

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) al 2021, el 89.3% de los hogares peruanos tiene acceso al servicio de agua potable; mientras que en el servicio de saneamiento la cifra es de 80% de hogares. Si tenemos en cuenta la calidad del servicio, la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 2021 nos dice que solo el 39.3% de los hogares consumen agua segura (es decir, agua con presencia de cloro residual libre mayor o igual a 0.5mg/l). Y, si nos referimos a los servicios de saneamiento encontraremos que apenas el 78% de las aguas residuales del país —de acuerdo con la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS)— son tratadas antes de ser vertidas a los cuerpos de agua o quebradas. Cabe anotar que, cuando se trata de empresas prestadoras de agua medianas y pequeñas, este promedio se reduce a 32% y a 6% respectivamente.

Según el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) 2019, conseguir la cobertura universal nos costaría alrededor de S/ 95,800 millones para cerrar la brecha de acceso básico y S/ 118,900 millones para cerrar la de calidad.

¿Es viable alcanzar la meta al 2030? El Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento concluye que sería necesario duplicar el presupuesto que maneja hoy el sector y casi cuadruplicar la inversión que históricamente se ha ejecutado. Sin embargo, aún en el hipotético caso de que se contara con los recursos financieros, se requerirían cambios importantes en la capacidad de gestión estatal, tanto a nivel de la inversión pública como de la operación y mantenimiento de los sistemas instalados.

 Así, por ejemplo, veamos el último informe de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX) que evalúa el avance de los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC). Señala que, al primer trimestre del 2022, dos de los proyectos más grandes del sector, ubicados en Puno y valorizados en más de S/ 1,000 millones, tienen una ejecución acumulada menor al 2%. Y SEDAPAL, la empresa más grande del sector, demora más de 10 años entre declarar viable un proyecto, ejecutarlo y ponerlo en operación.

Es momento, pues, de poner en debate nacional la forma como los peruanos estamos gestionando tan importantes servicios básicos para la población y evaluar la necesidad imperiosa de profesionalizar su gestión con la necesaria participación del sector privado.

Realizado por: Milton von Hesse y Franco Sebastiani, director y analista senior de Videnza Consultores, respectivamente