Cambios en el sistema de pensiones, ¿a quiénes afectan realmente?

La agenda del Congreso de la República para este año vuelve a poner sobre la mesa el futuro del sistema de pensiones y, con ello, la seguridad y vulnerabilidad de los adultos mayores. Como menciona la CEPAL, visto como parte de un sistema amplio de protección de derechos sociales, el sistema de pensiones implica que su diseño contribuya a reducir la pobreza y evite la discriminación en la prevención sobre los riesgos asociados a la invalidez, vejez y muerte. Lamentablemente, proyectos como los que se vienen discutiendo en el Parlamento actual, o como los que se aprobaron en el pasado, no contribuyen a estos objetivos. Por el contrario, ponen en riesgo un sistema que ya de por sí tiene bastantes dificultades y retos pendientes.

En este post consideramos importante resaltar dos aspectos clave que debería tener en cuenta cualquier proyecto sobre el sistema de pensiones y que, sin embargo, no parecen ser tomados en cuenta en las discusiones legislativas.

• Vulnerabilidad del adulto mayor

En 2020, según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), el 37.3% de hogares peruanos tenía al menos un integrante mayor de 60 años y, en el 83% de ellos cumplía el rol de jefe hogar. Además, el 29.1% de estos hogares vivía en pobreza, el 21.9% en situación pobreza extrema, y el 36% eran hogares jefaturados por adultos mayores de 60 años que no recibían pensión de cesantía, invalidez o transferencia. En consecuencia, estos jefes de hogar se ven forzados a continuar dentro del mercado laboral, lo que aumenta su situación de vulnerabilidad.

• Informalidad y cobertura

En 2019, el 72.7% de la PEA ocupada laboraba en el sector informal. Sin embargo, como consecuencia de la pandemia, en 2020 esto subió a 75.3%, un retorno a cifras de 2011. Así, en 2020 solo 1 de cada 4 trabajadores en el Perú tuvo la posibilidad de aportar a un sistema de pensiones. La situación es más dramática en el caso de los adultos mayores que continúan trabajando. Según datos de la Enaho, el 86.8% tenía empleos informales.

Las altas tasas de informalidad mencionadas, junto con otra serie de barreras, han llevado a obtener los resultados que tenemos actualmente en el sistema de pensiones. Según la Asociación de AFP, para 2021 solo el 32% de la población adulta mayor era pensionista del Sistema Privado de Pensiones o del Sistema Nacional de Pensiones. Esta situación es mucho más grave en zonas rurales, donde el 96% el del total de trabajadores pertenecía al sector informal en 2020.

Con Pensión 65 el Estado ha logrado alcanzar al 22% de adultos mayores. De acuerdo con evaluaciones realizadas (ver acá y acá), ha contribuido a sus beneficiarios a mejorar significativamente en aspectos como la salud mental y la reducción del trabajo remunerado en personas mayores. Pero todavía el 46% de la población adulta mayor sigue sin ningún tipo de cobertura.

Considerando el acelerado proceso de envejecimiento de la población peruana, sumado a la persistente tasa de informalidad y las barreras existentes para acceder a los sistemas de pensiones, el futuro no parece prometedor. Uno de los grandes retos del sistema de pensiones, muchas veces no tratado en su real dimensión, es cómo reformarlo en un país donde, en promedio, 3 de cada 4 trabajadores están en el sector informal. Y cómo hacerlo en regiones como Huancavelica, Cajamarca, San Martín o Cusco, donde esta situación alcanza a 9 de cada 10 trabajadores.

Realizado por: Nicolás Besich y Carolina Dávila, investigador principal y analista de Videnza Consultores, respectivamente