¿Y si los peruanos empleamos nuestro sentido común?

¿Qué tienen en común una niña “perdida” en Canto Rey hallada muerta y violentada, con el choque de un camión y un bus en Pasamayo que deja regados decenas de muertos, con un mal policía pidiendo coima en algún lugar del país fuera del alcance de los ojos de sus superiores, con la carencia de medicamentos en cualquier establecimiento de salud público?

Además de ser hechos indeseables que afectan a seres humanos y muestran la poca institucionalidad e inoperancia del Estado, son evidencia de un problema tal vez no tan obvio: la escasa trazabilidad de una persona, vehículo o bien con la oportunidad y la eficiencia requeridas.

El concepto para avanzar en la solución

¿Sabía usted que una ley reglamentada hace 15 años creó el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas, pero que hoy este prácticamente no existe? ¿Sabía usted que es obligatorio que un vehículo motorizado cuente con revisión técnica periódica, pero que no hay forma de “marcarlo” digitalmente en el sistema para detectar a los propietarios y conductores incumplidos? ¿Sabía usted que un policía en servicio tiene una ruta de patrullaje establecida por su superior, pero que no se emplean tecnologías de información para supervisar su ejecución? ¿Sabía usted que el Seguro Integral de Salud (SIS) financia los medicamentos de la mayoría de las personas que acuden a los establecimientos de salud públicos, pero no verifica informáticamente si se han entregado las medicinas que indican cada una de sus recetas?

Entonces, ¿qué hacer? ¿Promover más leyes, para incumplirlas y seguir ahogados en una montaña de papel que no agrega valor ni bienestar a la sociedad? ¿O tomar otro tipo de decisiones?

Una salida diferente es implementar la trazabilidad como piedra de toque para identificar a una persona, vehículo o bien en cualquier sistema de información público decentemente organizado.

La trazabilidad, una adaptación de la palabra traceability en inglés, según la RAE es “la posibilidad de identificar el origen y las diferentes etapas de un proceso de producción y distribución de bienes de consumo”. Ampliando el concepto y aplicándolo para solucionar algunas de nuestras dificultades actuales, empecemos exigiendo a la Reniec que cumpla su meta original de lograr que el 80% de los peruanos contemos con un DNI electrónico en el bicentenario del Perú. La pronta inclusión de funcionarios públicos a esta acción permitirá medir su desempeño y simplificar su labor mediante el uso de la firma digital. Prioricemos, también, la identificación electrónica de personas vulnerables (niños, ancianos y quienes requieran de cuidados especiales en su salud), pues como sociedad tenemos la obligación de protegerlas. Exijamos que se terminen de implementar y usen las soluciones de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los establecimientos de salud públicos para el registro de datos de la prestación, lo que evitará la dependencia de información “estadística” inexacta con riesgo moral y, además, eliminará formatos redundantes.

Invirtamos más en lo importante: sistemas de información para gestionar con transparencia los recursos y tomar buenas decisiones. Ello permitirá instaurar una práctica exigida por todos: la rendición de cuentas del uso del dinero público.

Más allá de la indignación y dolor que los casos mencionados nos puedan provocar, evitemos caer en el rasgo de locura de hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener un mejor resultado. Rompamos el ciclo de ser un país con un Estado que no acumula conocimiento. Miremos alrededor de nuestras fronteras y veamos que nuestros vecinos ya nos superan en orden, progreso e institucionalidad sin hacer mucho ruido.

¿Nos ponemos a laborar en esa dirección?

Por: César Amaro, investigador principal de Videnza Consultores