Regular en buena leche

El caso Pura Vida, iniciado porque las autoridades panameñas exigieron a la empresa Gloria S.A. cambiar su etiqueta advirtiendo que dicho producto no es leche sino bebida láctea, ha puesto en evidencia un espacio que requiere mayor regulación e información. El Poder Ejecutivo reaccionó rápidamente y anunció la aprobación del Decreto Supremo 017-2017-SA que finalmente reglamenta, luego de cuatro años, la Ley de Alimentación Saludable. Sin embargo, la aprobación de dicho reglamento ha dividido a los especialistas debido a los estándares utilizados para determinar qué se considera alto en sal, azúcar, grasas saturadas y grasas trans, así como por el plazo de poco más de cuatro años para implementar las alertas.

¿Por qué se ha generado tanto ruido? ¿Por qué la opinión pública ha levantado su voz de indignación?

El Ejecutivo cumplió con los pasos previos a la emisión de Decretos Supremos en el país: prepublicar el texto, recibir comentarios de todos aquellos que decidan realizarlos, sistematizarlos, elevar el documento al Consejo de Coordinación Viceministerial donde, bajo la guía de la Presidencia del Consejo de Ministros, todos los sectores lo comentan y observan, y, finalmente, enviarlo a Palacio de Gobierno refrendado por los ministros involucrados para la firma del presidente de la República. Si bien es la misma ruta que han seguido cientos de Decretos Supremos, la reacción en este caso indica que deberíamos revisar la forma como se regula y se emiten las normas.

En el artículo “La urgente necesidad de asegurar la calidad regulatoria del Estado”, que publicamos a inicios de año en este espacio, analizamos la importancia de un proceso transparente en la regulación que incluya evidencia científica que respalde las decisiones asumidas por los funcionarios. Hay que poner sobre la mesa toda la información necesaria para garantizar que las decisiones regulatorias obedecen a una evaluación coherente de la realidad y que se han estudiado todos los impactos posibles de la normatividad.

A ello justamente se refiere la segunda recomendación del Consejo sobre Política y Gobernanza Regulatoria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Dicho documento explica que los reguladores deben cooperar con las partes interesadas en la revisión de las normas existentes y en la generación de nuevas regulaciones, asegurando que todos participen activamente.

Es decir, se trata del involucramiento de ciudadanos, pero también de empresarios y gremios empresariales. ¿Por qué? Porque el Gobierno tiene fallas al igual que el mercado, y porque aún los mejores y más destacados técnicos no necesariamente llegan a comprender la complejidad y el impacto de una regulación. La participación permite apreciar el bosque completo, pues ayuda a entender a profundidad el impacto de la regulación, a conocer la percepción de las partes, a verificar si estamos regulando un tema relevante, evidenciar el conflicto y tener la oportunidad de administrarlo correctamente.

Este ejercicio de transparencia será mucho más profundo mientras más importante sea la regulación y mayor su impacto en la economía, desde la simple consulta, hasta publicar todos los estudios, informes y datos que sustentan una regulación. La regulación en temas como, por ejemplo, la alimentación saludable, medicamentos o compras públicas se beneficia con la instalación de mesas técnicas que permitan discusión y negociación entre todos los actores.

Por ello, consideramos que el Ejecutivo debería complementar lo actuado reglamentando el artículo 2 del Decreto Legislativo 1310 que nos coloca en ese camino de mayor transparencia, pues establece revisiones periódicas de la regulación, evaluaciones de impacto e informes constantes de los reguladores. Y una vez superado el “efecto Pura Vida”, sugerimos que considere construir e implementar un sistema de calidad que incorpore mecanismos de participación.

La construcción de la confianza es una tarea muy complicada, pero existen herramientas que nos permiten recomponerla, cuidarla y hacerla crecer. En buena leche.

Hernán Ramos Romero

Investigador principal de Videnza Consultores