La prevención de la corrupción

Dentro del Estado, la gran corrupción, aquella que usualmente es denunciada por los medios de comunicación y que implica importantes sumas de dinero (licitaciones amañadas, por ejemplo), suele ser visible para el ciudadano común. Pero aquella que se esconde es la que está segmentada dentro del gran aparato estatal, que se da en el día a día y en la que intervienen ciudadanos de a pie y funcionarios de rangos bajos o intermedios. Si hiciéramos una valoración de esta “pequeña” corrupción, veríamos el gran impacto que tiene, no de manera aislada, pero sí de manera agregada.

Cuando para el funcionario público y el ciudadano apelar a la corrupción es más fácil y más rentable que seguir los trámites regulares, estamos en problemas. Es cierto que para combatir la corrupción es necesario fortalecer los organismos de control dentro de las instituciones públicas; sin embargo, lo principal es velar por mecanismos que la eviten, tanto desde el Estado como desde la sociedad.

Para combatir esta corrupción instalada en la sociedad son fundamentales la simplificación administrativa y la adopción de medidas viables y eficientes que garanticen la transparencia en todos los ámbitos del servicio público. Flujos de trámites engorrosos llaman a la corrupción. En la medida que estos se simplifiquen y se fomente su digitalización para agilizarlos y para reducir el contacto directo con funcionarios (más aún si existe excesiva discrecionalidad en su accionar), se podrá prevenir la corrupción. Los procesos de toma de decisión gubernamentales opacos y alejados del escrutinio público claramente la fomentan.

Por ello, saludamos los avances del Gobierno en el tema con el primer paquete de medidas (DL 1246) que va justamente en esta dirección: elimina trámites “inútiles” en la solicitud de denuncia policial, antecedentes policiales y fija que las entidades estatales, al estar interconectadas y compartir una misma base de datos, solo podrán pedir una vez los documentos como DNI, antecedentes policiales o judiciales. Asimismo, los ciudadanos podrán realizar trámites administrativos como cobros de cheques o firmas personales incluso con el DNI vencido, y el certificado de discapacidad podrá obtenerse en cualquier centro de salud.

Complementariamente, es fundamental el impulso que el actual Gobierno le está dando a la formalización, pues la informalidad llama a la corrupción —de hecho, el no pagar impuestos es ya de por sí un acto de corrupción—. Un avance en dicho paquete de medidas es que las micro y pequeñas empresas ya no deberán inscribir los contratos con sus trabajadores y las capacitaciones de estos en el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, sino a través de la planilla electrónica.

Al mismo tiempo, las sociedades que mejor han enfrentado la corrupción no son aquellas que implementaron controles desmedidos que llevan a tener un aparato estatal ineficiente al que se busca “sacarle la vuelta”. Con un Estado con leyes razonables y simplificadas, el triunfo contra la corrupción depende de la sociedad. Debemos desterrar concepciones como que el fin justifica los medios y que el éxito llega fácil y sin esfuerzo. Debemos ser absolutamente intolerantes con la mentira, indignarnos frente a las irregularidades y celebrar a quienes defienden y practican la probidad en su día a día. Y para lograrlo, todos los actores debemos involucrarnos: la familia, las escuelas, la empresa privada, los medios de comunicación, las iglesias, la sociedad civil, el Estado.

Finalmente, creemos que el Estado debería plantearse una clara política educativa de prevención de la corrupción que empiece desde la infancia. Si a los pequeños les transmitimos mensajes claros como “no a la coima”, “no a la mentira”, “no a la violencia”, “respetémonos todos”, estas ideas no solo tendrán un impacto positivo en sus vidas, sino en las de sus familias. Ya en los adolescentes estos mensajes no son tan efectivos, más aun cuando los adultos que los emiten no exhiben un comportamiento congruente con ellos. El adolescente busca adultos coherentes para hacerlos sus modelos de identidad.

Si bien es cierto que el Currículo Nacional (CN) vigente incorpora áreas curriculares que promueven los valores, las virtudes cívicas y el sentido de la justicia (con mayor definición en secundaria que en primaria), estos no deberían ceñirse a unas horas a la semana (entre 3 y 4, como indica el CN), sino estar presentes en cada momento de la enseñanza y con el ejemplo de todos los actores de la comunidad educativa, tanto dentro como fuera del colegio. Por ello, mensajes de respeto, justicia y bien común deben ser incorporados al interior de todas las escuelas o instituciones educativas como reglas de conducta institucionales.

En pocas palabras, la más efectiva lucha contra la corrupción comienza por la prevención a partir de la construcción de ciudadanía desde que somos pequeños, considerando un Estado que vea al ciudadano como un cliente y no como un delincuente.

María del Pilar Pinto
Investigadora principal de Videnza Consultores