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El SIS después del “negociazo”

A raíz del escándalo generado por el caso del hoy exasesor presidencial en temas de salud, Carlos Moreno, quien habría intentado sacar provecho de su puesto a través del Seguro Integral de Salud (SIS), el Ministerio de Salud (Minsa) ha declarado a esta entidad en reorganización. Desde este espacio creemos pertinente comentar algunos aspectos del SIS y plantear sugerencias para su reestructuración.

A raíz del escándalo generado por el caso del hoy exasesor presidencial en temas de salud, Carlos Moreno, quien habría intentado sacar provecho de su puesto a través del Seguro Integral de Salud (SIS), el Ministerio de Salud (Minsa) ha declarado a esta entidad en reorganización. Desde este espacio creemos pertinente comentar algunos aspectos del SIS y plantear sugerencias para su reestructuración.

El Seguro Integral de Salud (SIS), como Organismo Público Ejecutor (OPE) del Minsa, tiene como finalidad proteger la salud de los peruanos que no cuentan con un seguro de salud, priorizando a pobres, pobres extremos y poblaciones en situación de vulnerabilidad, como madres gestantes y niños menores de tres años. Es la más grande aseguradora de salud del Perú, pues brinda cobertura a 17 millones de personas.

Inicialmente, el SIS debía financiar las atenciones de sus afiliados en los establecimientos de salud públicos de los Gobiernos regionales y de las ejecutoras del Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS), pero, por la escasez de oferta y la creciente demanda, se empezaron a firmar convenios con otras entidades del Estado y contratos con el sector privado. Ante el caso Moreno, la ministra de Salud, Patricia García, ha solicitado la intervención de la Contraloría General de la República para que audite “las transferencias financieras a entidades públicas y privadas, así como los convenios y compromisos suscritos por el SIS con clínicas privadas y ejecutoras del IGSS”.

Esto será fundamental para tener la radiografía del nivel de corrupción al interior del SIS, pues se verá, por ejemplo, cómo en algunos casos desde el mismo convenio se acuerda pagar a determinados establecimientos tarifas varias veces mayores a las que se pagaban en hospitales de la misma capacidad resolutiva. Por ello, ha sido acertada la decisión de la ministra García de solicitar que todos los altos mandos del SIS pongan sus cargos a disposición.

Muchos, ante lo indignante que resulta descubrir hechos de corrupción en entidades que velan por la salud de los más desprotegidos, podrían verse tentados a querer desactivar el SIS. Sería un error y un retroceso para el sector. Es una oportunidad para reformularlo sin que deje de cumplir sus obligaciones.

En primer lugar, es importante que el SIS vaya avanzando a ser un fondo de aseguramiento protegido. Es decir, que no dependa de los presupuestos que apruebe el MEF –que año a año varían y que ha disminuido tanto en el 2016 como en el 2017, a pesar del aumento en las atenciones–, sino que tenga asignado un monto por afiliado –la conocida “prima”–, que dependerá de las enfermedades y atenciones que se decidan cubrir en función de los principales problemas de salud que afectan a nuestra población y definir el número de afiliados por año.

Para determinar el número de afiliados y la prima, se requieren criterios claros y transparentes de eligibilidad de sus afiliados, una adecuada gestión de riesgos para mantener a los afiliados lo más saludables posibles y un análisis financiero integral con tarifas basadas en costos reales y mecanismos de pago que generen los incentivos adecuados en los prestadores de salud.

Solo ahí se puede comenzar a armar un fondo que vaya creciendo según a cuánta gente se quiera atender y qué paquete de atenciones se ofrecerá. La creación de este fondo de aseguramiento protegido se establece en la Ley de Financiamiento que se creó en el 2011. ¿El problema? Su reglamento sigue sin ser aprobado.

Este caso ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar mecanismos de control y de reformar integralmente el SIS. Mientras estas medidas se implementan, el SIS debe seguir operando. Una crisis de prestación minaría una confianza que luego no es fácil de recobrar. La salud de los peruanos más pobres no puede verse afectada por la angurria de malos funcionarios.

Janice Seinfeld
Directora Ejecutiva de Videnza Consultores

 

 

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