Círculo vicioso

Llevo más de 15 años trabajando en investigar y formular propuestas de política pública. Pero, de un tiempo a esta parte, hay una pregunta que vengo planteándome cada vez con mayor frecuencia: ¿cómo proponer políticas públicas eficientes en el Perú y esperar que sean correctamente ejecutadas cuando cada vez vemos no solo más hechos probados de corrupción, sino de mala gestión? Quiero comentar tres situaciones, una de índole personal y otras dos que fueron denuncias públicas muy preocupantes.

 El primer caso es uno que generó indignación general y que está asociado a actos de corrupción: las denuncias de robos a beneficiarios de los programas sociales Juntos y Pensión 65 por más de dos millones y medio de soles. Sobre el tema, en una reciente columna de opinión, la ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, , señaló que, para evitar que se repitan hechos similares, además de más y mejores controles, supervisión y rutas para denunciar, “lo más efectivo es empoderar a las usuarias. ¿Si usted va al banco y le duplican su operación, qué hace? Reclama, denuncia, exige. Lo mismo tiene que operar para las usuarias de Juntos”. ¿Le convence? Personalmente, tengo serias dudas. A continuación algunos ejemplos de por qué.

 Recientemente realicé una consultoría para una entidad del Estado. Fueron seis meses de trabajo muy interesante, pero en los que los funcionarios a cargo del proyecto cambiaban los objetivos del estudio a realizar. A pesar de ello, el informe se presentó a tiempo y en completa coordinación con el equipo técnico. Grande fue mi sorpresa cuando muchos meses después de entregado el documento, recibo el pago correspondiente con una penalidad que, según la entidad gubernamental, responde a tres días de retraso en la entrega del informe.

 El punto no es el monto descontado, sino lo injusto de la situación y constatar cómo el Estado penaliza al locador del servicio, pero no asume responsabilidad alguna en las demoras, pues ellos sí pagan seis meses después de entregado el informe, cuando uno tiene suerte. Pero, lo más serio es confirmar cómo se priorizan temas menores en lugar de centrar los esfuerzos en mejorar la gestión pública. Me preocupa constatar cómo cada vez más profesionales de primer nivel deciden no contratar con el Estado por lo engorroso que resulta todo el proceso. Es un talento que todos los peruanos nos estamos perdiendo.

 Y acá enlazo el tercer tema. La SUNAT es, sin duda, una de las instituciones públicas que mayores quejas recibe de los peruanos. En su página web, la periodista Rosa María Palacios escribió hace unas semanas tres artículos ilustrando claramente algunos de los reclamos de los contribuyentes (post 1, post 2, post 3). El sentir general es que es una entidad que no solo coloca trabas absurdas a los trabajadores formales —cuántas historias para contar saltan a mi cabeza—, sino que funciona de espaldas a sus intereses.

 Si uno, como ciudadano, viera que los impuestos que nos descuentan son empleados eficientemente para el bienestar general, estoy segura de que no habría tanto rechazo. El problema viene cuando vemos cómo, frente a casos de corrupción como el de los programas sociales, la respuesta del Gobierno es que el dinero ya ha sido repuesto a los beneficiarios afectados. ¿Esa debió ser la respuesta? Ese monto, nada despreciable, probablemente salga de nuestros impuestos. Si bien fueron destituidos la directora del programa Juntos y altas autoridades del Banco de la Nación, ese dinero se perdió. Y quienes debemos reponerlo somos todos nosotros.

 Frente a la SUNAT, los contribuyentes sabemos que tenemos las de perder. Ante la entidad que me penalizó injustificadamente con tres días de multa, sé que tengo las de perder. Probablemente, frente al Banco de la Nación, las mujeres beneficiarias saben que tienen las de perder. Incluso asumiendo que todos estemos igualmente “empoderados” para quejarnos, nos plantearemos las siguientes preguntas: ¿cuánto tiempo y esfuerzo me tomará presentar una queja de este tipo y hacerle seguimiento? Más aún, ¿serviría de algo?

 La eficiente gestión estatal y la lucha real contra la corrupción deben ser aspectos prioritarios de la agenda del próximo Gobierno y temas a ser abordados a fondo durante la campaña electoral que se nos viene. Exijamos, como ciudadanos, que así sea. ¿Qué candidato los tomará en serio y formulará propuestas concretas al respecto?