La lucha anticorrupción en el Perú el 2019 (I)

El 2019 ha sido un año intenso en materia de la lucha contra la corrupción, uno de los males que arrastra el país hace varios siglos, tal como lo evidenció Alfonso Quiroz en su best seller “Historia de la Corrupción”. La atención mediática a los grandes casos (Lava Jato, Club de la Construcción, Cuellos Blancos, etc.) parece hacernos olvidar que la corrupción también se advierte en otras esferas y es en sí un problema cultural en el país.

Al tratarse de un problema transversal a la sociedad peruana, el panorama general de lo acontecido en el país con la lucha anticorrupción exige tomar en cuenta los diversos ámbitos y actores que participan en las tareas de sanción y prevención. Ello debido a la relevancia de aplicar la ley a quienes la infringieron, aunque mucho más importante es crear las condiciones para detectar y prevenir los riesgos de corrupción en el Estado.

El país vive hoy la segunda ola anticorrupción del presente siglo; porque la primera no consolidó tanto un marco legal para detectar y sancionar a la corrupción, como al grupo de instituciones responsables de esas funciones. “Tone at the top” es un término usado en Compliance referido al compromiso ético de quienes –la alta dirección- conducen una organización e impulsan la cultura organizacional en materia de Integridad.

Lo cierto es que los responsables de predicar con el ejemplo la lucha contra la corrupción, en el Perú, muchas veces son los primeros en involucrarse en este problema. El ex presidente Alejandro Toledo refrendó el reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función Pública (DS 033-2005-PCM), el 18 de abril del 2005[1], cuando cinco meses antes, según el colaborador eficaz Josef Maiman, se había reunido con Jorge Barata, en un hotel en Río de Janeiro, para acordar los términos del soborno (US$31 millones) por la Carretera Interoceánica Sur.

Expertos en materia de Integridad en varios foros realizados en Lima, en el 2019, afirman que el cuerpo normativo anticorrupción vigente en la actualidad es suficiente para prevenir la corrupción y que el desafío es su aplicación. En efecto, la primera ola anticorrupción, que se gestó tras la salida de Alberto Fujimori del poder hasta aproximadamente el 2003, aprobó un conjunto de normas que posibilitaron el inicio de la construcción de una política anticorrupción del Estado.

Sin embargo, la inaplicación de las normas aprobadas, que es una vieja costumbre en el país, también ocurrió con varias normas de la primera ola anticorrupción. Así la ley de lobby[2] que iba a regular la gestión de intereses nunca fue ejecutada ni por las entidades estatales ni por los gestores de intereses (más conocidos como lobistas). Eso recién se ha corregido en la actual administración[3], por ello la Secretaria de Integridad (SD) se encuentra empeñada en impulsar el cumplimiento de esta norma anticorrupción, de carácter preventivo, dada la simplicidad ahora de su aplicación.

La segunda ola anticorrupción (iniciada en el 2016) se diferencia de la primera, porque estalló en el exterior cuando la justicia de EEUU-Suiza-Brasil puso entre las cuerdas a Odebrecht y la obligó a reconocer que pagó sobornos en 10 países latinoamericanos, entre ellos el Perú, que fue el país donde esta multinacional de la construcción inició su proceso de internacionalización en 1979[4].

Los voceros de Odebrecht señalan que la corrupción ya existía en el Perú cuando arribaron; pero lo nuevo que trajo la constructora, y otras empresas brasileñas involucradas en el caso Lava Jato, fue una política sistemática de soborno[5], para cuya investigación y sanción no estaba preparada la justicia peruana, la que se vio obligada, sobre la marcha, a crear instancias especializadas que, a tres años del escándalo, siguen ganando experiencia en medio de la controversia generada por los enfrentamientos a nivel político, económico y judicial.

Las encuestas -que miden indirectamente la corrupción- indican un pesimismo respecto a la lucha contra la corrupción y en parte se refieren al ámbito de las sanciones, dada la demora del juicio oral contra connotados protagonistas de la corrupción o que, ante el exceso de prisión preventiva o el cuestionamiento de la misma, varios personajes investigados desfilan a sus casas en medio del desconcierto ciudadano. De allí se espera que la labor sancionadora, que tuvo avances y retrocesos en el “Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” (2019), pueda demostrar que cuenta con pruebas suficientes para llevar a prisión, a más de un investigado, en el 2020.

Por otro lado, en la actual fase de la política anticorrupción es relevante persistir en la mayor  difusión de las normas preventivas. La obligatoriedad de registrar las visitas a los funcionarios públicos con capacidad de decisión (DS 120-2019-PCM del 01/07/19) se facilitará con la digitalización del Estado en marcha. Asimismo la obligación que tendrán el millón y medio de trabajadores estatales de presentar sus declaraciones juradas de interés (DU 020-2019 del 05/12/2019), permitirá anticipar los conflictos de interés empresarial.

La política de transparencia impulsada por la SD va ganando adeptos en el Estado; mientras que varias entidades públicas[6] y de la sociedad civil[7] se han preocupado por ofrecer portales web con variada información sobre los antecedentes de los aspirantes a llegar al Congreso, en las elecciones del 26 de enero del 2020 y posibilitar que tales comicios sean, por primera vez, adecuadamente fiscalizadas por la opinión pública.

Una mirada al horizonte anticorrupción indica que hay avances en la parte preventiva y controversias en la parte sancionadora. Existe también una toma de conciencia  en que los resultados no llegarán por inercia sino por la adopción de acciones concretas; de allí el interés de un número creciente de entidades públicas y empresas privadas por implementar programas de Cumplimiento o al menos obtener la certificación ISO 37001 (ISO Antisoborno).

En el plano empresarial, el impacto reputacional sufrido por connotadas empresas y sus principales figuras, tras la revelación de una opaca actuación en el campo político electoral, obliga a un importante reajuste de las políticas de gobierno corporativo. En el caso de las medianas y pequeñas empresas, el interés por aplicar políticas anticorrupción es un tema de la agenda futura y la labor realizada por gremios empresariales (talleres, seminarios y conferencias) por el tema del Cumplimiento representa una meritoria contribución.

La reducción de la corrupción en el país comenzará a sentirse en la medida que se produzcan cambios en hábitos y costumbres arraigados por la herencia cultural, y en ese sentido, el marco legal puede contribuir a ese propósito. Varios expositores de países europeos mejor ubicados que Perú en el ranking  de Transparencia Internacional, que participaron en la Conferencia Anual Internacional por la Integridad 2019 organizada por la Contraloría General de la República, destacaron la importancia de la cultura en sus países para combatir la corrupción.

La Academia tiene una deuda pendiente con la política anticorrupción. El Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) encontró pocos  trabajos de investigación en temas de corrupción, en el Perú, en el 2019. Si merece destacar el trabajo “Redes de corrupción política en el Perú”[8] presentado por José Guerra, en el seminario por el 30 aniversario del CIES, que analiza 46 casos de corrupción del periodo 1990-2014 y para el cual aplicó el enfoque cuantitativo de teoría de redes.

[1]La Ley del Código de Ética de la Función Pública fue promulgada el 12/08/2002.                                                                           [2] La Ley 28024 fue aprobada el 23/06/2003.                                                                                                                                            [3] El D.Leg. 1415 que modificó la Ley 28024, fue aprobado el 12/09/2018. Éste condujo a la aprobación del nuevo reglamento de la Ley 28024, a través del DS 120-2019-PCM promulgado el 01/07/2019.                                                                        [4] En esa época Electroperú necesitaba solucionar el problema de desabastecimiento de energía eléctrica en Arequipa a través del proyecto hidroeléctrico Charcani V (135 Mw). La construcción de la obra (en consorcio con la francesa Alstom), que debía terminar en 5 años, se concluyó hacia 1988. En ese momento Odebrecht ya se embarcaba en la construcción del proyecto de irrigación Chavimochic. El resto es historia conocida.                                                                                                                           [5]Tenían oficinas dentro de la organización especializadas en los trámites y pago de sobornos.                                                  [6] Contraloría General de la República, Jurado Nacional de Elecciones.                                                                                   [7] Transparencia, Fundación Mohme.                                                                                                                                                     [8] Es la investigación para obtener el grado de maestría en la Universidad de París. El trabajo no incluye al caso Lava Jato.