Movimientos políticos pendulares en la región: avances y riesgos

Por: Jorge Guillén. Profesor Asociado de ESAN Graduate School of Business.

Las últimas elecciones en el país podrían mostrar un nuevo cambio pendular en la política, una tendencia que parece extenderse a varios países de Latinoamérica. Por ejemplo, en Chile ganó las elecciones el candidato de derecha José Antonio Kast, quien venció a la candidata de izquierda Jeannette Jara.

Ahora, en Colombia, el joven candidato de derecha Abelardo de la Espriella registra cierto favoritismo, con una probabilidad del 88 % frente a Iván Cepeda, candidato del establishment de izquierda vinculado al gobierno de Gustavo Petro. Es decir, podríamos estar observando un movimiento pendular de izquierda a derecha ya en tres países de la región.

En Argentina, este movimiento ya ocurrió hace algunos años con la llegada de Javier Milei, quien derrotó a los candidatos del peronismo populista. Aunque por el momento aún no puede hablarse de un verdadero despegue económico del país, sí se observa un mayor control de la devaluación y de la inflación. Sin embargo, todavía faltan reformas estructurales que deben implementarse, muchas de las cuales requieren acuerdos con un Poder Legislativo donde el peronismo mantiene una presencia importante.

En países como Perú, Chile y Colombia, las fuerzas de derecha han obtenido buenos resultados y existe una cierta tendencia del electorado a respaldar estas agrupaciones políticas. En cambio, en Venezuela y Argentina, las experiencias asociadas a gobiernos de derecha, como los de Carlos Andrés Pérez y Jorge Videla, han dejado una percepción negativa en determinados sectores, lo que permite mantener una cierta preferencia hacia opciones de izquierda o socialistas. Durante la pandemia hubo un manejo deficiente del Estado en algunos países gobernados por la derecha, situación que facilitó la llegada de Gustavo Petro en Colombia, Gabriel Boric en Chile y Pedro Castillo en el Perú.

Esta dinámica responde a la teoría del péndulo político, según la cual un partido es elegido y posteriormente reemplazado por otro en función de sus resultados económicos. Incluso muchos gobiernos autoritarios comienzan sus gestiones con buenos resultados económicos para luego afianzarse en el poder.

Fuerza Popular próximamente será anunciado como el partido ganador de las últimas elecciones y regresará al gobierno del Perú después de 25 años de ausencia. Se ha observado que este partido mantiene un voto duro cercano al 10 % en casi todos los procesos electorales, debido en parte al buen desempeño económico registrado durante el primer gobierno de Alberto Fujimori. Normalmente, un gobierno logra la reelección cuando sus resultados económicos lo acompañan.

En 2016 existió la expectativa de un gobierno de alto nivel con Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Sin embargo, debido a problemas de manejo político por parte del presidente, el país cayó en un círculo vicioso de vacancias presidenciales y gobiernos con limitada legitimidad frente al Congreso. Es de esperar que el Perú logre superar este entrampamiento y emprenda las reformas estructurales que la población demanda en materia de seguridad ciudadana, cierre de brechas de infraestructura e inclusión social. Durante el segundo gobierno de Alan García, el país experimentó un importante crecimiento económico y aprovechó un contexto internacional favorable. No obstante, quedaron pendientes reformas estructurales cuyas carencias quedaron en evidencia durante la pandemia. Por ejemplo, la insuficiente inversión en salud terminó pasándonos factura en el año 2020.

Al país le hace falta una institución de planeamiento estratégico que mantenga una misma hoja de ruta, independientemente de qué partido se encuentre en el poder. Así como existe independencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), debería existir una mayor autonomía en diversas entidades del Poder Ejecutivo. Desde 2016, el Congreso ha asumido espacios de decisión que, desde esta perspectiva, exceden las funciones que originalmente le corresponden.

Finalmente, es de esperar que los problemas de corrupción puedan mitigarse y que todos los poderes del Estado trabajen en una misma dirección, orientando sus esfuerzos hacia el desarrollo y la estabilidad del país.