Más presupuesto para obras, el desafío sigue siendo la capacidad de ejecución

Por: Manuel Paredes Palomino. Director de la Maestría en Gestión Pública y Desarrollo Territorial Descentralizado de ESAN.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que en 2026 se transferirán cerca de S/ 10 000 millones a los gobiernos locales a través del Foncomun, con el objetivo de acelerar la ejecución de proyectos de inversión y cerrar brechas en infraestructura básica.

La medida se produce en un contexto en el que la inversión pública subnacional ha mostrado un desempeño positivo. Al cierre de 2025, la inversión de gobiernos regionales y locales alcanzó aproximadamente S/ 37 000 millones, con un crecimiento real de 11,2 % respecto al año previo, según cifras oficiales del MEF. El dinamismo estuvo concentrado principalmente en transporte y conectividad, rubros que explican buena parte del avance.

El mensaje del Ejecutivo apunta a sostener el impulso de la inversión y acelerar la llegada de recursos a los territorios. Sin embargo, la discusión de fondo no se limita al monto asignado. La experiencia reciente muestra que mayores presupuestos no siempre se traducen en obras culminadas ni en servicios funcionando oportunamente.

El cuello de botella no es únicamente financiero. Persisten problemas estructurales en la gestión de la inversión pública, especialmente en la profesionalización de quienes tienen a su cargo la ejecución del gasto. En muchos gobiernos subnacionales, los equipos encargados de proyectos carecen de especialización suficiente y enfrentan alta rotación de personal, lo que dificulta la continuidad de procesos y la acumulación de capacidades técnicas dentro de la institución.

A ello se suma un desafío en la calidad del gasto. El incremento de la inversión no garantiza, por sí mismo, que los recursos se orienten a los proyectos con mayor impacto territorial. El problema no es solo cuánto se ejecuta, sino qué tan bien se prioriza y qué resultados concretos se obtienen en términos de cierre de brechas.

El nuevo impulso presupuestal abre una oportunidad clara. Pero el eje de la discusión debe desplazarse hacia el fortalecimiento de capacidades técnicas en los gobiernos regionales y locales, la estabilidad de sus equipos y la profesionalización del servicio público vinculado a la inversión. Sin ese componente, el riesgo es repetir un patrón conocido: más recursos disponibles, pero resultados desiguales en infraestructura terminada y operativa.

En ese contraste se definirá la eficacia de la política de inversión pública para este año. El desafío no es solo asignar más presupuesto, sino garantizar que exista la capacidad institucional para transformarlo en obras que funcionen y reduzcan brechas de manera sostenible.