El Estado recupera 2.8 veces lo invertido en el subsidio del Programa Mivivienda

Este argumento no solo se basa en el beneficio principal de estos programas, que es la adquisición de vivienda social, sino también en el impacto económico que deviene de esto en el mercado inmobiliario y el Tesoro Público. El estudio realiza cálculos del retorno al Estado y el apalancamiento del sistema -elaborada teniendo como base las tasas imponibles como algunas estimaciones de la industria inmobiliaria-, donde se obtiene que dicho retorno es 2.8 veces el valor desembolsado en Bonos del Buen Pagador (BBP) en el marco del Programa de Créditos Mivivienda.

“Para el 2019, el monto total de subsidio del Programa Mivivienda a nivel nacional fue de S/ 99 millones, en dicha modalidad se colocaron créditos para la adquisición de 10,476 unidades inmobiliarias (...) El impacto de este subsidio en la recaudación del Estado, solo por impuestos y contribuciones directos de la actividad, en ese mismo periodo, alcanzó la suma de S/ 274.2 millones”, menciona el informe.

Asimismo, se calculó el valor de mercado que se ve apalancado a través de dichos bonos en el marco de los créditos Mivivienda, resultando que por cada inversión del Estado en BBP implica un movimiento en el mercado de 21.3 veces.

Dicho análisis también se desarrolló para el Programa de Subsidios Techo Propio (TP) en su modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva (AVN). El retorno al Estado es del 10 % del valor desembolsado en los Bonos Familiares Habitacionales (BFH); y se calculó el valor de mercado que se ve apalancado a través de dicho subsidio en el marco de Techo Propio (AVN), resultando que por cada inversión del Estado en BFH implica un movimiento en el mercado de 1.5 veces.

Formalidad e informalidad

De acuerdo a estimaciones del estudio, el mercado peruano requiere alrededor de 220,000 nuevas soluciones habitacionales cada año. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) estima que la demanda anual bordea las 140,000 viviendas, mientras que el mercado de la vivienda formal solo logra atender a alrededor de 50,000 necesidades al año. En muchos casos, ese déficit se cubre con vivienda informal.

El Estado tendría la opción de atender a quienes cuentan con una vivienda informal a través de la formalización de asentamientos humanos, para lo cual debería de disponer de S/ 5,708.9 millones cada año, mientras que en la modalidad de programas de vivienda formales del Programa TP (AVN) debería de disponer de S/ 3,096 millones cada año.

“Se generaría un ahorro de S/ 2,525.1 millones cada año, los cuales pueden ser destinados a otras necesidades de la sociedad”, se menciona.

Bonos a programas deben verse como inversiones

Una de las recomendaciones del estudio es que los subsidios (bonos)de los programas de vivienda del Estado se deben plasmar en el marco de Programación Multianual y ser considerados como inversión y no como gastos dentro del presupuesto público.

Refiere que la dotación de recursos para los programas no cuenta con la debida predictibilidad y ha sufrido variaciones en su estructura, presupuesto y condiciones para su operación desde su creación, lo que genera incertidumbre.

“La recuperación económica requiere de estabilidad en los programas de fomento, no solo genera confianza en el inversionista sino también en el beneficiario del subsidio. Más bien, sería un error cortar estímulos que dinamizan el mercado y favorecen la tranquilidad de la ciudadanía frente a una pandemia que, una vez controlada, debe permitirnos la recuperación”, mencionó Alfredo Luna Briceño, director del Centro de Desarrollo Inmobiliario de Centrum PUCP.

También se señaló que solo el 24% de los subsidios del Estado están dirigidos a la vivienda nueva y el 76% a mejorar la existente, lo que podría estar reforzando la informalidad.