Un proceso de transformación digital ambicioso como el que plantea
el reglamento no puede estar alejado de la experiencia del usuario y
su empoderamiento, la transformación también debe ser cultural.
Un proceso de transformación digital ambicioso como el que plantea el reglamento no puede estar alejado de la experiencia del usuario y su empoderamiento, la transformación también debe ser cultural.

Luis Sanabria Monroe, especialista en Derecho de la Empresa y Políticas Públicas de Sanabria & Asociados

Hace unas semanas se publicó el Reglamento de la Ley de Gobierno Digital, instrumento que es parte del marco establecido tanto en la Política Nacional de modernización del Estado como en el proceso de vinculación del Perú con la OCDE. Esta norma busca llenar un vacío de liderazgo en gobernanza digital, en un contexto que ubica al Perú en el quincuagésimo quinto lugar, de sesenta y seis países analizados, según el Índice de Competitividad Digital del Institute for Management Development (IMD).

Esta norma, que pretende aterrizar un instructivo único y transversal a todas la entidades, traería claros beneficios como la disminución de la corrupción y criminalidad a través de la trazabilidad, el aumento de la competitividad de la empresa privada, la reducción de la tramitología y el encuentro del ciudadano con un estado más eficiente. Pero ¿qué aspectos descritos en el reglamento deben ser prioritarios para alcanzar esta ambiciosa propuesta de gobierno digital?

Interoperabilidad, un factor clave

La norma ha definido la interoperabilidad como la capacidad de interactuar de organizaciones diversas y dispares para alcanzar objetivos conjuntos como es el caso de la colaboración de datos, y experiencias entre entidades, que permite a su vez la aplicación de economías de escala. Del cumplimiento de estos objetivos en sus distintos niveles, dependerá el logro de un gobierno digital eficiente, innovador y sostenible en el tiempo.

Usuario y Entorno Digital

Un proceso de transformación digital ambicioso como el que plantea el reglamento no puede estar alejado de la experiencia del usuario y su empoderamiento, la transformación también debe ser cultural.

Siguiendo este criterio, se desarrolla el concepto de ciudadano digital, dotando al usuario de una credencial (DNI digital), para que pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones en el entorno digital, un domicilio digital (CUE) para interactuar con las entidades, también una plataforma única de simplificación administrativa (Mesa Digital Perú), así como una de firma electrónica para dotar de validez a sus actos (Firma Perú).

Además, se ha potenciado la página , convirtiéndola en una plataforma multifuncional en la que el ciudadano podrá interactuar y realizar trámites con todas las entidades del estado. Todos estos nuevos recursos permitirían al ciudadano romper barreras de desconfianza e incentivar su experiencia en este nuevo entorno.

Tareas pendientes

Existen actividades en cabeza de las entidades que integran el sistema de gobierno digital, que cuentan con plazos específicos de obligatorio cumplimiento, destacan entre ellas la apertura de datos, la elaboración de estrategias digitales, disposiciones sobre Interconexión, creación de puestos para funcionarios especializados, entre otras.

Mientras las instituciones trabajan en cumplir los retos planteados en la normativa de Gobierno Digital, resulta vital que el Estado priorice la necesidad de acortar las brechas de alfabetización, conectividad e inclusión digital, no debiendo perder de vista que, en nuestro país, de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Hogares del INEI, solo el 5.9% de hogares en el área rural tiene acceso a internet.