La noticia de que al menos tres estados han escaneado las fotos de millones de licencias de conducir a pedido del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas sin el conocimiento ni el consentimiento de esas personas tiene alarmados a activistas defensores de los derechos civiles.
Archivos públicos obtenidos por el Centro Legal de Georgetown sobre Privacidad y Tecnología ofrecen la primera evidencia de que el Servicio, conocido por sus siglas en inglés, ICE, había pedido esa información. El escaneo se produjo en Utah, Vermont y Washington.
Los tres estados conceden licencias de conducir a inmigrantes que están en el país sin permiso y aceptaron el pedido del ICE, de acuerdo con documentos a los que tuvo acceso la Associated Press el lunes. La información fue difundida inicialmente por el Washington Post.
“Los estados les piden a los indocumentados que salgan de las sombras y obtengan licencias. Luego viene el ICE y usa eso para pillarlos”, se quejó Álvaro Bedoya, director del Centro.
El portavoz del ICE Matthew Bourke no respondió directamente a preguntas escritas, incluida la de si ese organismo había usado la información para detener o deportar a alguien.
“Durante una investigación, el ICE puede colaborar con organismos locales, federales e internacionales que pueden estar en condiciones de ofrecer asistencia”, expresó Bourke en su respuesta escrita. “Este es un procedimiento establecido”.
Al menos dos casos en Utah y uno en Washington parecieron involucrar circunstancias en las que se trata de hacer cumplir las leyes inmigratorias, pero la gran mayoría de los pedidos del ICE en Utah provenían de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional, organismo que tiene un papel limitado en el terreno de la inmigración.
Los documentos de Vermont y Washington abarcan un puñado de archivos. El de Utah que obtuvo Georgetown tiene un archivo con detalles de más de 1,800 casos con solicitudes de numerosos organismos de dos años.
El uso de tecnología de reconocimiento facial por parte de organismos policiales estatales, federales y municipales ha aumentado en la última década.
Veintiún estados y Washington D.C. permiten al FBI acceso a las licencias y las fotos de los conductores, de acuerdo con un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas publicado el mes pasado. El informe dijo que el FBI tiene acceso a 640 millones de fotos, incluidas de solicitudes de visa, y que más de 390,000 fotos fueron examinadas desde el 2011, el año en que al FBI incorporó análisis faciales a su banco de huellas digitales.
La preocupación en torno a la privacidad asociada con el creciente uso del reconocimiento facial va en aumento. San Francisco y Somerville (Massachusetts) son las primeras ciudades de Estados Unidos que prohíben el uso de reconocimiento facial por parte de sus organismos policiales y municipales. Amazon ha sido muy criticada por suministrar esa tecnología a los organismos policiales.
Activistas temen que el gobierno de Donald Trump emplee esa tecnología para pillar inmigrantes sin papeles. Shankar Narayan, de la Unión de Libertades Civiles (cuyas siglas en inglés son ACLU), de Washington, dijo que los organismos policiales “ven una gran oportunidad de usar estas tecnologías... para hacer cumplir los estatutos de inmigración de una forma que no es la pensada”.
En julio del 2017, investigadores de Georgetown amparados en la ley de libertad de información pidieron a todos los estados que suministrasen documentos que indicasen cómo responden a los pedidos de información de reconocimiento facial hechos por los organismos policiales, indicó Bedoya.
Muchos estados ignoraron o rechazaron los pedidos. Utah, Vermont y Washington presentaron respuestas provechosas.
En Utah, ICE pidió revisar un banco de datos con imágenes de licencias 49 veces entre octubre del 2015 y noviembre del 2017, según la vocera del Departamento de Seguridad Pública Marissa Cote. No hacían falta permisos especiales y todas las solicitudes involucraron personas sospechosas de haber cometido delitos, indicó la portavoz.
No siempre se informa a las autoridades estatales si ICE pilla al sospechoso, aunque a veces sí lo hacen, dijo Cote.
El estado no acata solicitudes sobre personas cuya única infracción es vivir en el país sin permiso, agregó.
Pero la representante estatal demócrata Ángela Romero dijo que los pedidos de información constituyen una “extralimitación del gobierno” que puede generar temor.
“Para mí, el gobierno federal accede a información sin el conocimiento ni el permiso de la legislatura”, manifestó la legisladora.
Una portavoz del gobernador republicano de Vermont Phil Scott dijo que ese estado dejó de compartir información de reconocimiento facial con las autoridades federales de inmigración en mayo del 2017.
En el estado de Washington, el Departamento de Licencias dijo que no recibe pedidos de reconocimiento facial desde el 2017 y que, a partir del 2018, todas esas solicitudes deben ir acompañadas de órdenes de magistrados.
Jaime Smith, vocera del gobernador Jay Inslee, aseguró que “en ningún momento los organismos federales tienen acceso a ese banco de datos”.
“Queremos dejar bien en claro que no vamos a permitir que el gobierno federal disponga el uso que se le da a nuestros recursos estatales en el marco de sus esfuerzos sobre la inmigración”.
Una ley sancionada por el gobierno de Inslee prohíbe a los organismos policiales preguntar acerca del status inmigratorio o el sitio de nacimiento de una persona a menos que esté vinculado con una investigación de un delito.