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¿Confía en que Facebook controle internet?

"La innovación siempre se desarrolla mucho más rápido y creo que las leyes futuras no deben ser impulsadas solo por los gobiernos, sino también por el sector privado y todos los actores juntos", explicó Jack Ma, cofundador y presidente ejecutivo de Alibaba.

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(Foto: EFE).

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Por Marietje Schaake (*)

En abril pasado, cuando 34 compañías tecnológicas anunciaron su adhesión al Cybersecurity Tech Accord, se retrató como prueba de que el sector privado por fin asumiría la responsabilidad de proteger a los civiles en la red, algo en que los gobiernos han fallado de manera notable. Desde entonces, la cifra de signatarios de estándares de seguridad informática autoimpuestos se ha duplicado con creces.

Alibaba, el gigante tecnológico chino, no figura entre ellas pero su cofundador y presidente ejecutivo, Jack Ma , está de acuerdo en que las compañías deben llegar hasta donde los gobiernos han temido avanzar hasta ahora. De hecho, tiene un plan orientado a crear una Plataforma Mundial de Comercio Electrónico (eWTP, en inglés), que facilite el comercio en línea transfronterizo.

"La innovación siempre se desarrolla mucho más rápido y creo que las leyes futuras no deben ser impulsadas solo por los gobiernos, sino también por el sector privado y todos los actores juntos", explicó Ma.

Otro ejemplo de esto es la iniciativa Paris Call for Trust and Security in Cyberspace, respaldada por Microsoft, Google y Samsung y anunciada por el presidente Emmanuel Macron el año pasado, que subraya las ambiciones de las compañías de crear estándares para combatir el intervencionismo electoral, la vulnerabilidad de componentes electrónicos y los hackeos de software.

Estoy completamente a favor de que las empresas actúen con responsabilidad. Durante demasiado tiempo han sido negligentes sobre la protección de datos de sus usuarios y clientes. Pero cuando las compañías tecnológicas más poderosas asumen la tarea de implementar reglas y gobernanza a nivel global, para fijar y hacer cumplir estándares, aquello es muy problemático para la democracia y las legislaciones.

No hay duda de que los gobiernos están rezagados a la hora de establecer normas en la red, se lo dice alguien que ha participado de algunos de estos esfuerzos engorrosos. Mientras Microsoft propuso una Convención Digital de Ginebra, las discusiones intergubernamentales sobre reglas de comportamiento en el ciberespacio durante tiempos de paz permanecen estancadas en Naciones Unidas. Pese a que la iniciativa eWTP de Ma cobra fuerza, las negociaciones entre Estados sobre comercio electrónico en la Organización Mundial de Comercio no van a ninguna parte.

De hecho, los gobiernos y los tribunales han traspasado algunas de sus responsabilidades a las empresas tecnológicas. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que las compañías deben eliminar sitios web de sus resultados de búsqueda a fin de respetar el "derecho a ser olvidado".

De manera similar, en virtud de la ley NetzDG de Alemania, las tecnológicas deben retirar de la red los discursos de odio, las noticias falsas y los contenidos ilegales en un plazo de 24 horas. Ambos casos destacan el impacto que las firmas de dicho sector ya tienen respecto a los contenidos con los que se encuentra o no se encuentra la gente en internet. Pero si se le deja la formulación de normativas a las empresas en lugar de los reguladores y los gobiernos hay un gran riesgo de que el interés público sea capturado por el sector privado y las normas se implementen sin transparencia, rendición de cuentas o el mandato de la gente.

Existen muchas razones para preocuparse sobre la privatización de la gobernanza. Algo que hemos aprendido sobre la serie de escándalos de Facebook ligados al manejo de la información de sus usuarios es que las nobles intenciones del sector privado de regular la red deben ser objeto de escepticismo. Sin fiscalización pública adecuada de los algoritmos y con malas prácticas recurrentes, no se puede y no se debe confiar en las plataformas tecnológicas.

¿Qué haremos al respecto? En una época donde todas las variantes de multilateralismo están en la palestra, es más difícil que nunca forjar un consenso a nivel de gobiernos sobre temas relacionados con el ciberespacio. Es enormemente complicado ampliar jurisdicciones desde donde viven los ciudadanos hasta donde operan las compañías tecnológicas. Por eso pasaron años antes de que la Unión Europea adoptara el Reglamento General de Protección de Datos, que gobierna la forma en que las firmas que recopilan datos juntan y usan la información.

No hay manera realista de agilizar el proceso de establecer normas multilaterales en el corto plazo. Podemos tener la esperanza de que los gobiernos se vuelvan más ambiciosos a medida que vean a las empresas cerrar la brecha. Mientras tanto, no debemos dejar de cuestionar las iniciativas privadas o pasar de normas de facto a leyes de iure. En el mejor de los casos, se deben considerar construcciones temporales mientras seguimos trabajando para elaborar reglas potentes y aplicables.

Debemos evaluar de cerca cada iniciativa del sector privado, en especial sus méritos, en vez de asumir inmediatamente que son buenas intenciones. Como ocurre con cada iniciativa de gobernanza, sus valores fundamentales y los mecanismos de consentimiento, fiscalización y responsabilidad determinan su funcionamiento práctico. Debemos insistir en que el desarrollo de normas incluya a múltiples actores, como representantes de la sociedad civil, expertos en tecnología y funcionarios de gobierno de distintas partes del mundo. Esto será igual de importante a la hora de monitorear su implementación.

Asimismo, debemos garantizar que las normas se basen en principios como el respeto a los derechos humanos universales y la competencia justa. Si las compañías quieren jugar a ser gobiernos, aunque sea de manera temporal, entonces deben rendir cuentas como lo hacen estos últimos.

(*) Esta columna no necesariamente refleja la opinión de la junta editorial o de Bloomberg LP y sus dueños.

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