Un año de protestas, pérdidas económicas y muertes, lo que nos deja el 2022

Los conflictos sociales en el Perú van en aumento y actualmente la situación es más compleja pues la cifra ya superó la del 2021 que fue 202 al término de ese año. Un último reporte de la Defensoría del Pueblo revela que al mes de noviembre del 2022 ya se registraron 221 conflictos sociales en el país y aún queda pendiente un informe general de estos casos al mes de diciembre.

De los 221 conflictos sociales hasta noviembre de este año, la región Loreto lidera la lista con 30 casos, le sigue Cusco (20) y Apurímac (17). De esta cifra de casos, el 62 % de las demandas recaen en el gobierno nacional, mientras que el 26.2 % a los gobiernos regionales, el 8.1 % los gobiernos locales, y el 1.4% al Poder Judicial y Poder Legislativo, respectivamente.

LEA MÁS: Defensoría del Pueblo advierte que se han convocado manifestaciones para los próximos días

No obstante, estos datos no contemplan aún las cifras tras las violentas protestas que se desataron en las dos primeras semanas de diciembre tras el fallido golpe de Estado del vacado Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte como presidenta de la República, que va dejando, según el Ministerio de Salud (Minsa), 27 personas fallecidas en enfrentamientos. La Defensoría del Pueblo, sin embargo, considera que son 28 muertos en total.

A continuación, las cuatro principales protestas del año 2022 que generaron caos, pérdidas humanas y pérdidas económicas al país:

LAS BAMBAS

Este 2022, la minera Las Bambas enfrentó repetidos bloqueos en el corredor minero del sur y por ello cierra este año con una caída del 27.24% de sus exportaciones tras alcanzar un valor de US$ 1,934 millones en sus embarques cupríferos frente a lo que envió el año pasado (US$ 2,656 millones), según Comex.

Las Bambas sostiene que desde que inició operaciones en 2016 ha sufrido bloqueos en las vías públicas que conforman el denominado Corredor Vial Sur por más de 540 días, es decir, más de 17 meses.

En abril pasado, la mina peruana de cobre, explotada por la compañía china MMG, suspendió todas sus operaciones debido a una protesta campesina en sus instalaciones. Según la empresa, la medida se tomó luego de que 130 pobladores de la comunidad Fuerabamba del distrito de Chalhuahuacho, en la región Apurímac, ingresaron ilegalmente el 14 de ese mes a la minera como parte de sus protestas.

LEA TAMBIÉN: De 221 conflictos sociales, Perú cierra el año con 107 en vías de diálogo

Para junio de este año, el Banco Central de Reserva de Perú bajó la proyección de crecimiento del PIB en 2022 de 3,4% a 3,1% por el descenso de la minería. El mayor retroceso, según indicó, se registró en la minería metálica, cuya estimación pasó de 5,9% a 2,9% debido a la paralización de más de dos meses de la mina de cobre Las Bambas, por protestas y bloqueos de rutas de lugareños.

El 11 de noviembre, la mina Las Bambas, anunció que inició una nueva reducción de sus operaciones desde el pasado 31 de octubre debido a bloqueos de rutas en las zonas activas que impiden el transporte de la producción. Según la minera, se vio afectado su transporte logístico por las obstaculizaciones viales en la provincia de Chumbivilcas, Cusco.

Para resolver este conflicto social, el Gobierno aprobó ampliar hasta el 31 de diciembre la vigencia del grupo de trabajo que acompaña y evalúa el cumplimiento de los compromisos arribados entre el Poder Ejecutivo, representantes de la empresa minera Las Bambas S.A. y los representantes de las comunidades campesinas involucradas en el conflicto minero.

TOQUE DE QUEDA DEL 5 DE ABRIL

El martes 5 de abril miles de personas tuvieron problemas para movilizarse debido a la suspensión intempestiva del transporte como parte de la inmovilización social obligatoria decretada en Lima y Callao durante el gobierno de Pedro Castillo. Se trató de un restricción anunciada en un mensaje a la Nación emitido minutos antes de la medianoche, bajo el argumento de que así evitarían hechos de violencia por el paro de transportistas.

Las dificultades para movilizarse durante el toque de queda fueron apenas el inicio de un día que terminó con una de las protestas más intensas contra el gobierno de Pedro Castillo en Lima Metropolitana. La plaza San Martín, como en la mayoría de movilizaciones, fue el punto de concentración de miles de personas que llegaron para rechazar la medida.

Pese a que en horas de la tarde de aquel 5 de abril, Pedro Castillo salió a anunciar el levantamiento de la medida que propició la masiva marcha, eso no alivió el descontento de la población. Con el transcurrir de las horas, la violencia se incrementó por la presencia de delincuentes infiltrados en la marcha que se inició de forma pacífica.

LEA MÁS: Suspenden venta de pasajes a Cusco y Puno en agencias de La Victoria

Durante los enfrentamientos además, hubo serios daños materiales en la estación Colmena del Metropolitano y las sedes del Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio Público y del Poder Judicial. Los destrozos también alcanzaron un local de la cadena Tambo, ubicado en la cuadra ocho de la avenida Emancipación que terminó con las lunas rotas y saqueo de sus productos.

Debido a esta situación por el toque de queda, miles de negocios permanecieron cerrados. La Cámara de Comercio de Lima (CCL) advirtió que, por cada día de inmovilización, solo en Lima Metropolitana y el Callao, el Producto Bruto Interno (PBI) del país pierde alrededor de S/ 1.000 millones.

PARO DE TRANSPORTISTAS

En este 2022 se acataron tres paros de transportistas durante la gestión del vacado expresidente Pedro Castillo en el que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tuvo hasta cinco ministros distintos.

Las paralizaciones de marzo, julio y noviembre tenían como exigencias: reducción en el precio del combustible, obligatoriedad de vincular la estructura de costos del transporte para la determinación de fletes, reserva de carga, igualdad de condiciones en el transporte interprovincial y la reforma de Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran). Otros pedidos se relacionan al reembolso de peajes y la devolución del 70 % del Impuesto Selectivo al Consumo.

Estas medidas de fuerza acatadas por gremios de transporte de carga pesada, transporte interprovincial y otros perjudicaron el abastecimiento de productos en los mercados mayoristas de Lima debido a los bloqueos que también provocó alza de precios de los alimentos.

Asimismo se reportó suspensión de viajes en terminales terrestres y aeropuertos del país. A esto se suma que el normal abastecimiento del Gas Licuado de Petróleo (GLP) se vio afectado producto del bloqueo de carreteras que se registró a nivel nacional.

Fue a finales de noviembre que los gremios de transportistas de carga acordaron levantar el tercer paro nacional tras una reunión de trabajo en la que se llegó a importantes consensos.

Este último paro nacional de transportistas de noviembre pasado acatado por el gremio de carga pesada habría generado pérdidas por cerca de US$ 25 millones diarios a la cadena exportadora peruana, según informó el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Julio Pérez Alván.

VIOLENTAS PROTESTAS TRAS GOLPE DE ESTADO DE PEDRO CASTILLO

Diciembre fue el mes más violento. Varias protestas se reportaron en varias regiones del Perú tras la destitución y detención de Pedro Castillo luego del fallido golpe de Estado, el pasado 7 de diciembre. Este conflicto social ha dejado 27 muertos, según el último balance de las autoridades. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo considera que son 28 muertos en total.

Las víctimas se concentraron en seis regiones: Ayacucho, Apurímac, Junín, La Libertad, Cusco y Arequipa. En tanto, cientos de civiles y policías también resultaron heridos tras las manifestaciones.

Las movilizaciones, que según la Defensoría del Pueblo se volverán a retomar los primeros días de enero de 2023, piden a la presidenta Dina Boluarte la disolución del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones generales.

Durante las protestas violentas, principalmente reportadas en regiones del sur, se bloquearon varios tramos de la Panamericana Sur y de la Panamericana Norte. Además, debido a actos vandálicos, cinco de los principales aeropuertos del país (Arequipa, Cusco, Ayacucho, Juliaca y Andahuaylas) suspendieron sus operaciones.

A la fecha, se cumple el estado de emergencia a nivel nacional. Asimismo, el Ejecutivo ha declarado la emergencia en la Red Vial Nacional, permitiendo que el Ejército salga a las calles en un esfuerzo por proteger los puntos estratégicos del país.

Toda esta situación de violentas manifestaciones en diciembre trajo como consecuencia la pérdida de 1,000 millones de soles en la economía peruana, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). De esta manera la conflictividad social impacta negativamente en la actividad económica, considerando que 18 regiones tuvieron carreteras bloqueadas.

Estos efectos económicos importantes afectaron los sectores transporte, turismo, comercio, servicios y minería, adicionalmente, el impacto en el agro fue grande.