Presuntas mafias de tráfico de tierras han destruido unas 40 hectáreas de vestigios en el complejo arqueológico de Apurlec, perteneciente a la cultura Lambayeque del siglo IX de nuestra era, para convertirlas en campos agrícolas en el norte de Perú, denunció el director del museo Brüning, Carlos Wester.
Explicó que el año pasado empezaron a detectar, a partir de agosto, una serie de nivelaciones con maquinaria pesada en la zona arqueológica para “incorporarla a labores agrícolas modernas”.
“Primero fueron diez hectáreas, luego diez más y ahora estamos en un número de casi 40 hectáreas que han sido niveladas de la zona arqueológica y hay muchos edificios que han desaparecido”, señaló Wester acerca del área monumental y de influencia del complejo que era originalmente de 12,000 hectáreas.
El complejo Apurlec se encuentra en el distrito de Motupe, en la norteña región Lambayeque, y se levanta alrededor de una pequeña montaña, en forma de pirámides truncas, con todo un sistema de riego construido por sus antiguos pobladores con ladrillos de barro.
En este sentido, el arqueólogo, que lleva 30 años de trabajo en el museo Brüning, agregó que la semana pasada fueron a la zona para hacer una inspección y que se encontraron con una máquina trabajando en la misma zona monumental.
“Hoy día parece que la idea es desaparecer el área arqueológica para sacarle provecho a la superficie agrícola con una destrucción masiva e impune”, expresó el experto.
El director del museo atribuyó los hechos a “un conjunto de grupos” asociados con la comunidad campesina que reside en la zona, entre los que “parece que hay detrás una organización de traficantes de tierras”.
Ante estos hechos, la fiscalía de Lambayeque ha abierto un proceso de investigación, ”pero el ritmo de la destrucción es altamente acelerado frente al ritmo de la investigación”, anotó el arqueólogo pues hasta la fecha no hay ninguna persona detenida por la destrucción del patrimonio cultural.
Las sanciones por destruir el patrimonio cultural en Perú corresponden a penas por entre tres y seis años de cárcel, de acuerdo al Código Penal.
“Esto requiere una respuesta al más alto nivel del Poder Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial”, afirmó Wester antes de que la acción de estos grupos acabe con el complejo y se convierta en un “precedente negativo” para la comunidad arqueológica en general.