Hoy la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas (UCAB) y la Comisión Episcopal de Acción Social de la Iglesia Católica (CEAS) presentaron un Habeas Corpus contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior y la Superintendencia Nacional de Migraciones.
Según señalaron, las medidas adoptadas (solicitud de visa humanitaria) violentan y amenazan el derecho a las personas migrantes forzadas venezolanas que necesitan ingresar al territorio nacional en busca de refugio de la crisis política, social y económica que sufre este país. "Y lo más grave están atentando en mayor medida contra los derechos de las niñas, niños y adolescentes que huyen de Venezuela", precisaron.
En esta demanda también se recuerda a las entidades del Poder Ejecutivo demandadas, que si el gobierno peruano va a liderar el Grupo de Lima y la denuncia ante la Corte Penal Internacional, sus acciones internas deben guardar coherencia con este intento de liderazgo a nivel internacional.
Así, si señala en el Grupo de Lima que el régimen de Nicolás Maduro es ilegitimo es completamente contradictorio que exija como requisito de entrada la autorización de entidades de ese régimen (certificados y pasaporte). Si el gobierno peruano quiere liderar iniciativas regionales tiene que ser coherente con las responsabilidades que ese liderazgo conlleva.
De igual manera, se señala que los graves problemas internos de seguridad ciudadana (los cuales ameritan soluciones urgentes y estructurales) no deben intentar taparse mediante soluciones efectistas con tintes xenófobos, y la campaña del Ministerio del Interior que equipara a la migración forzada venezolana con la delincuencia como el Plan Migración Segura 2019 es xenófoba. Este tipo de acciones no deben permitirse en un Estado constitucional de derecho.
Por último, hacemos también un llamado al Tribunal Constitucional a que resuelva el Habeas Corpus que se encuentra en su despacho desde el 18 de enero de este año (Expediente 06488-2018-0-1801-JR-PE-05) y se ratifique la sentencia en primera instancia del 5 de octubre de 2018, para que desde el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Migraciones cesen la violación al derecho al libre tránsito de las personas que huyen de Venezuela. Cabe recordar, que la sentencia en primera instancia también señaló que estas entidades debían elaborar un Plan Nacional Estratégico que regule la movilidad migratoria venezolana. A la fecha aún este plan no ha sido elaborado por el gobierno.
