Debido a la suspensión del dictado presencial de colegios y universidades, en marco de la cuarentena por el coronavirus, la Defensoría del Pueblo plantea que no se pague, por ahora, las pensiones de abril y mayo.
¿De qué manera? Los detalles en la entrevista exclusiva de Gestión al titular de la entidad, Walter Gutiérrez.
La Defensoría del Pueblo propuso al Ejecutivo y a los organismos reguladores elaborar la normatividad correspondiente para que las facturaciones de los servicios de saneamiento y electricidad sean cobradas dos meses después de la emergencia, en cuotas y sin intereses.
Así es. Nosotros fuimos los primeros que planteamos que la facturación de los servicios públicos debían ser cobrados dos meses después de la emergencia, el Gobierno tomó la iniciativa. La hicimos muy tempranamente, la planteamos el 18 de marzo. Ahora queremos señalar lo siguiente. Dado que la educación es un servicio publico básico, es un fundamental y como bien ha dicho el presidente Martín Vizcarra, hay que ponerle prioridad a la educación.
¿Qué plantean exactamente?
Nosotros consideramos que el pago de las pensiones tanto de colegios como universidades no deberían cobrarse ni abril ni mayo. Y quizás junio, todo depende de como vaya la coyuntura.
¿O sea los padres de familia quedarían exonerados de pagar estos dos meses?
No, sino que no se cobre ahora. Que ese monto de dos o tres meses se divida en 12 y se cobre en 12 meses. ¿Esto por qué? Porque se trata de un servicio publico básico y además gran parte de las familias están sufriendo una crisis económica difícil por la emergencia. Mas aún los colegios de cobro de pensiones bajas que están en las zonas marginales. Ahí están los hogares más afectados. Nosotros por eso planteamos que ese cobro se haga en doce meses.
Ahora también las clases se van a retomar, pero de forma virtual...
Cuando usted celebró un contrato con el colegio, la base de ese contrato es que la educación era presencial, pero ahora el contexto es otro, es virtual. Por lo tanto, la base del contrato ha cambiado. Al cambiar el contrato tiene que cambiar también los términos de la prestación. A usted no le pueden imponer un modelo. Por eso, se tiene que flexibilizar ese pago tanto en universidades y colegios.
Pero ¿qué pasa con los maestros? Ellos necesitan cobrar un sueldo...
La Defensoría del Pueblo comprende que los colegios y universidades tienen miles y decenas de profesores. En consecuencia, ellos también tienen familias y, obviamente, les tienen que pagar su remuneración, pero si los colegios no cobran, ¿cómo les van a pagar? Planteamos que tanto las escuelas e universidades deben ser apoyados por líneas de crédito blandas y avaladas por el Estado.
¿Qué significa esto?
Créditos que el Estado tiene que avalar o que el Estado tiene que solventar a muy bajo costo para que los colegios y universidades lo pueden pagar en 2 o 3 años. No podemos permitir que los colegios quiebren. Si ellos están obligados a pagar sin que cobren, van a terminar quebrando. Es importante que estas medidas se combinen.
¿Estas propuestas las harán llegar al Ejecutivo?
Sí, en las próximas horas o mañana a más tardar.