Wall Street Journal considera que Vizcarra dio un golpe de Estado

La última columna de opinión del diario Wall Street Journal –escrita por Mary Anastasia O’Grady y publicado el 6 de octubre– considera como “inconstitucional” la disolución del Congreso efectuada la semana pasada por el presidente peruano Martín Vizcarra.

“Al observar la ruina de Venezuela bajo el socialismo del siglo XXI, uno puede olvidarse fácilmente que Hugo Chávez llegó al poder en 1999 con el compromiso de erradicar la corrupción. Cuarenta años antes, la revolución cubana de Fidel Castro obtuvo gran parte de su apoyo popular del disgusto generalizado ante la corrupción del régimen de Batista. Esto puede parecer historia antigua, pero ayuda a explicar por qué la disolución inconstitucional del Congreso peruano por parte del presidente Martín Vizcarra la semana pasada, tiene nerviosos a los demócratas de la región”, refiere el reporte.

En ese contexto, se recuerda que el Perú vivió una dictadura militar hasta 1980, y que “sus jóvenes instituciones democráticas son frágiles”, señala la editorialista del diario neoyorquino.

“Pero ha logrado un progreso económico sustancial en las últimas décadas. El crecimiento promedio del PBI es de 4.7% anual desde 1999, y el porcentaje de la población que vive en la pobreza cayó a menos de 22% en el 2018, desde 59% en el 2004. La mortalidad infantil disminuyó a 11 de cada 100,000 nacimientos en el 2018 desde 35 en 1998. Las exportaciones no tradicionales se han disparado en las últimas dos décadas, y la clase media se ha duplicado como porcentaje de la población”, refiere O’Grady.

Estas mejoras -recuerda el diario estadounidense- se produjeron cuando Perú abrió sus mercados y mejoró la competencia y el respeto por la propiedad privada y la inversión extranjera. “Debido a que el golpe de estado de Vizcarra pone en peligro a las instituciones políticas del Perú, también amenaza la economía”, indica la columna.

“Los partidarios de Vizcarra lo ven de otra manera. En su opinión, el cierre del contrapeso presidencial (el Congreso) que le permitirá gobernar por decreto durante los próximos cuatro meses, está justificado porque la democracia se había vuelto disfuncional. En julio, Vizcarra pidió elecciones generales anticipadas, pero el Congreso lo rechazó. El mes pasado propuso una reforma del proceso por el cual el Congreso elige a los jueces del Tribunal Constitucional”, apunta el reporte.

“Cuando el empresario de centro derecha Pedro Pablo Kuczynski fue elegido presidente en el 2016, Vizcarra fue su compañero de fórmula. Kuczynski renunció bajo acusaciones de corrupción en el 2018, y el vicepresidente Vizcarra lo sucedió. Desde entonces ha obtenido la mayor parte de su apoyo de la izquierda”, agrega.

La periodista recuerda que, según la Constitución, el gobierno electo tiene el poder de disolver el Congreso solo después que el Congreso le deniegue dos peticiones de “voto de confianza”. “Ya el Congreso le negó la confianza a un gabinete de Kuczynski en el 2017”.

El diario rememora que el parlamento aprobó la mayoría de las propuestas de Vizcarra desde que llegó al poder.

“El lunes pasado, el gobierno solicitó un voto de confianza y lo vinculó a la reforma del nombramiento de los jueces del Tribunal Constitucional. Pero antes de debatir sobre la propuesta del presidente, el Congreso nombró un nuevo juez para el Tribunal Constitucional, y luego le dio al presidente el voto de confianza, sugiriendo, con base en su registro de votación, que luego aprobaría su propuesta. Pero nunca tuvo la oportunidad”, dice O’Grady.

“Enfurecido por el nombramiento del nuevo juez, Vizcarra disolvió el Congreso sin que el parlamento le haya negado la confianza por segunda vez, tal como se requiere. También estableció nuevas elecciones legislativas para el 26 de enero. El Congreso unicameral controlado por la oposición, no aceptó nada de eso. Llamó a las acciones del señor Vizcarra, un golpe de Estado. Lo suspendió de la Presidencia y tomó juramento a su vicepresidenta, Mercedes Aráoz, como presidente interina del país. El martes, Aráoz renunció a ese encargo, y también a la vicepresidencia”, refiere.

El medio sostiene que la renuncia de Aráoz fue como “bajar la cabeza” tras la decisión de los militares de apoyar a Vizcarra. “Los rumores se extendieron rápidamente de que una nueva contribución del gobierno al fondo de jubilación de los militares, otorgada al día siguiente, estaba vinculada a la decisión. Pero Vizcarra parece tener el apoyo popular, y el ejército probablemente estaba escuchando a la opinión pública y apostando a que él prevalecerá”, añade la periodista quien además es uno de los editores del Índice de Libertad Económica.

Wall Street Journal afirma que el público está enojado por la corrupción. “En el Congreso, el partido Fuerza Popular, fundado por Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori, tiene la mayoría parlamentaria. Los fujimoristas se han ganado la reputación de ejercer su poder de manera imprudente. Keiko Fujimori está en prisión preventiva por acusaciones de lavado de dinero”.

La columna también dice que los partidarios de Vizcarra también se quejan de que el nuevo juez nombrado, es primo del presidente del Congreso, Pedro Olaechea. Sin embargo, Olaechea no es miembro del partido Fujimori y no participó en el proceso de nominación ni tampoco votó.

“Vizcarra parece seguro (de su decisión), pero el asunto puede ir al Tribunal Constitucional. Sin embargo, incluso si respeta la ley que permite al Congreso nombrar al nuevo juez, no está claro el dictamen que tomará el Tribunal. Lo que está claro es que la separación de poderes, tan crucial para la democracia, está en peligro”, alerta Wall Street Journal .

“Muchos de los partidarios de Vizcarra en la izquierda quieren reescribir la Constitución peruana. Gregorio Santos, admirador de Hugo Chávez, tuiteó el viernes antes de que Vizcarra usara a la policía para cerrar el Congreso: Preparemos una gran reunión popular para la nueva Constitución. Sabe que así es como Chávez consolidó el poder en Venezuela. El nuevo primer ministro de Vizcarra (que es parte de su gabinete, no un líder legislativo) también demuestra simpatía por la extrema izquierda”, reflexiona la especialista en temas relativos a Hispanoamérica del diario.

“Un dictador que consolida el poder rara vez es bueno para las perspectivas a largo plazo de una nación. Pisotear el Estado de Derecho y deshacer una elección, no es una cura para la corrupción”, finaliza O’Grady.