El abogado de Vladimir Cerrón, Josué Gutiérrez, señaló que el hábeas corpus presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) con el cual busca anular su condena, no es una maniobra para obtener algún cargo público en el gobierno del presidente electo Pedro Castillo.
Aclaró que el recurso presentado está “ajustado a ley” y la decisión de recurrir al TC es la necesidad de buscar el “debido proceso” y garantizar el “derecho a la defensa”.
“No es maniobra, el acto de la legítima defensa no es maniobra. El acto que está apegado a la ley no es maniobra. Maniobra es instrumentalizar a los medios de comunicación para que hagan acusación indebida, formalizar e instrumentalizar a los medios públicos para que se conviertan en entes de ataque a los líderes políticos y eso no lo vamos a aceptar de ninguna manera”, dijo en Canal N.
“Todo lo que está ajustado a ley no es una maniobra. Maniobras son hechos que pueden contrarios al procedimiento y a la ley, pero cuando uno recurre a la instancia jurisdiccional buscando tutela, cuando uno recurre buscando el debido proceso y el derecho a la defensa, no es maniobra”, agregó.
Gutiérrez, que fue congresista de Gana Perú en el periodo 2011-2016, dijo que aún no se ha evaluado la posibilidad de recurrir a instancias internacionales y que están convencidos que la calificación del delito “no cuadra” con la sentencia emitida contra el exgobernador regional de Junín.
“Eso dependerá de la defensa en su momento. Por ahora, lo que puedo decir ahora es que estamos absolutamente convencidos –no por mi opinión, sino de distintos juristas y exmagistrados de la Corte Suprema que ven como un hecho absurdo- que la calificación de un delito no cuadra con el tema por el cual ha sido sentenciado”, sentenció.
Según el documento ingresado al TC el último martes, Cerrón Rojas insiste en que dicho organismo anule la pena de cuatro años suspendida que se le impuso al ser encontrado responsable del delito de negociación incompatible en agravio del Estado Peruano-Gobierno Regional de Junín.
Sobre Vladimir Cerrón pesa también una medida de inhabilitación por un año para asumir cargo público, que viene siendo judicializado por parte del expresidente regional, quien recientemente apeló la decisión del Quinto Juzgado Anticorrupción de Junín que rechazó su pedido para dar por cumplida dicha pena accesoria.
El fundador de Perú Libre también debe pagar una reparación civil de S/850 mil que se le impuso como parte de su condena en 2019. Con ayuda de sus correligionarios, hasta el momento, Cerrón Rojas ha abonado S/650 mil en menos de dos años.
Si el Tribunal Constitucional acoge el pedido de Cerrón, este quedaría exento de responsabilidad penal y con ello las sanciones impuestas en su contra desaparecerían, incluida la inhabilitación para desempeñar cargos públicos.