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La hora de notificación a la Policía Nacional (PNP) para proceder con la captura de Vladimir Cerrón se convirtió ahora en un punto de discrepancia entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.
El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, indicó que “posiblemente” al jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, no le dieron la información correcta, tras señalar que “se han cumplido todos los protocolos”.
“(En) el tema del caso Cerrón tenemos que ser claros, se ha cumplido el procedimiento y tenemos que ser claros. Posiblemente (al primer ministro) no le han dado la información (...) se sabía que iba a darse la sentencia en audiencia pública. Tendrían que preguntarle a quien ha dado la versión de dónde sale ese dato de la hora. No es correcto, eso ha sido después, se han cumplido todos los protocolos”, “, expresó Arévalo a la prensa.
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Sobre la posible fuga de Vladimir Cerrón dijo que deberán responder por ello quienes tenían a su cargo la vigilancia de las fronteras.
“No buscamos responsabilidades, ya la fuga es otro tema. No sé si realmente ha salido del país, eso desconozco, pero si ha habido una fuga ya el tema es de las personas que han permitido que salga del país. No digo que es la Policía, sino quien tenía a su cargo la competencia para que ese señor no cruce la frontera”, expresó.
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La versión de la PNP
El jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, advirtió de una presunta demora en la notificación del Poder Judicial hacia la PNP para la detención del líder del grupo político Perú Libre.
“Nosotros desde las 6:30 p.m. empezamos a operar, me parece que la sentencia fue dictada a las 12:43 p.m. Entonces, nosotros, en un Estado de derecho, actuamos conforme a la ley [...] En tanto, el Poder Judicial nos circuló la orden de captura a nivel nacional de Vladimir Cerrón, inmediatamente, se ingresó a su domicilio en la avenida Arequipa 1592, departamento 1509 y en otros lugares en su búsqueda”, informó.
Como se recuerda, Vladimir Cerrón fue sentenciado a 3 años y 6 meses el último 6 de octubre por el delito de colusión en el denominado caso Aeródromo Wanka.