Las estrechas calles de San José de Lourdes, en la frontera peruana con Ecuador, estuvieron repletas de gente el 10 de mayo por un evento excepcional. Martín Vizcarra se convirtió en el primer presidente del Perú en visitar este caluroso distrito, que fue fundado hace casi 75 años y luego, según parece, rápidamente olvidado. “Estamos mirando a todo el país, enfocando la atención ahora mismo en áreas que han sido abandonadas por el Estado”, dijo Vizcarra a The Economist en su primera entrevista con un periódico extranjero. “Esta zona se ajusta a esa descripción”.
Las escuelas en San José de Lourdes carecen de ventanas y agua potable. Ningún médico ha visitado la posta de salud en tres años. La tasa de pobreza de alrededor de 60% es casi tres veces el promedio nacional. Los automóviles cruzan el río Chinchipe en una plataforma que opera con poleas, a veces esperando días para pasar. El anterior alcalde de la ciudad está en prisión por cargos de corrupción.
La visita del presidente Vizcarra es parte de un frenético programa de viajes que comenzó después de su inesperada asunción a la Presidencia en marzo. El mandatario se traslada a provincias al menos una vez a la semana. En Lima, la capital, aparece sin previo aviso en escuelas y hospitales. Parte del propósito es demostrar que él no se parece en nada a su predecesor Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció para evitar un juicio político debido a un escándalo de conflicto de interés. El expresidente es urbano, políglota y lejano. Vizcarra, un ingeniero de formación, es “provinciano y está orgulloso de ello”, dice John Youle, un consultor en Lima.
El nuevo presidente tiene dos prioridades. La primera es restaurar la fe de los peruanos en el Gobierno y la democracia, que se ha visto debilitada por el escándalo de Kuczynski y por acusaciones o cargos contra otros cuatro presidentes. “Necesitamos reconstruir la confianza demostrando que la gestión pública se puede hacer de forma transparente y honesta”, opina Vizcarra.
Su segundo objetivo es impulsar el crecimiento económico, que avanza demasiado lento para continuar el progreso reciente que el Perú ha logrado en reducción de la pobreza. En el 2017, el crecimiento del PBI cayó a 2.5% desde 3.9% el año anterior y la tasa de pobreza aumentó. El Gobierno recortó su pronóstico de crecimiento este año de 4% a 3.6%. Con más inversión pública y privada, “ampliaremos la economía, crearemos empleos y lucharemos contra la pobreza”, promete.
Aunque está interesado en demostrar que comprende los problemas de las personas, no les ofrece soluciones rápidas y sencillas. En San José de Lourdes rechazó una camioneta que lo esperaba, para en su lugar caminar de un sitio a otro, abrazó a un bebé recién nacido en la posta y colocó la primera piedra para un puente sobre el río Chinchipe. Pero a los alumnos que presionaron por recibir computadoras en su escuela él aconsejó paciencia. “Antes de que podamos pensar en las computadoras, tenemos que proporcionar agua, electricidad [y] baños”, les dijo.
Al parecer su mensaje está siendo entendido. “Es agradable escuchar a un político hablando de cosas reales y no solo haciendo promesas”, dice Jenny Tello, una maestra. “Será un gran cambio si él gobierna así”.
Eso no será fácil. El partido más grande en el Congreso es Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, quien fue encarcelado por crímenes contra los derechos humanos. Su implacable oposición a Kuczynski ayudó a derrocarlo. El nuevo presidente debe llevarse mejor con ella.
Algunos simpatizantes temen que Vizcarra, un microadministrador con poca experiencia nacional, se vea obstaculizado por la intención de los fujimoristas de impedir las reformas institucionales que espera realizar. “Vamos a hablar con todos los partidos y líderes para mostrarles a los peruanos que el país está antes que nosotros”, dice.
El 2 de mayo, el Congreso le dio a su Gabinete un voto de confianza. El Gobierno solicitó al Congreso poderes para decretos en seis áreas, incluidos impuestos, reforma política, infraestructura y corrupción. Una propuesta es publicar los registros bancarios y fiscales de cualquier candidato para un cargo público.
Una nueva “oficina de integridad pública” a cargo del primer ministro César Villanueva supervisará las políticas anticorrupción. Parte de su trabajo será implementar 100 recomendaciones anticorrupción de un organismo creado por Kuczynski que, para disgusto de los postulantes, los ignoró en gran parte.
Para contrarrestar la desaceleración del crecimiento económico, Vizcarra espera desbloquear unos US$ 10,000 millones de inversión privada, gran parte de ella en proyectos mineros estancados por agricultores y grupos ecologistas. “El Perú es un país minero, pero tenemos que hacer las cosas de manera diferente al pasado”, dice. Eso significa crear “consenso sobre ventajas y beneficios” de los proyectos. Vizcarra puede afirmar haber hecho esto antes. Como presidente regional de Moquegua, un departamento al sur del país, desde el 2011 al 2014, “puso en vereda a los alcaldes” para poder avanzar en el proyecto cuprífero Quellaveco, dice Youle.
Vizcarra, que dice que no postulará para la reelección, tiene solo tres años para convencer a los votantes de que un presidente moderado puede limpiar el Gobierno y reactivar el progreso social y económico. Si fracasa, los resentidos votantes del Perú pueden ofrecer la próxima oportunidad a alguien menos comprometido con el pragmatismo y la democracia.