Los conflictos sociales se encuentran en el punto más alto desde que arrancó el Gobierno del presidente Pedro Castillo en julio pasado. De acuerdo al último reporte de la Defensoría del Pueblo, ya se suman 202 controversias. Cinco meses antes se daba cuenta de 195.
Del informe se desprende que solo 94 de los conflictos sociales se encuentran en proceso de diálogo, 70 de ellos corresponden a controversias socioambientales, mientras que 10 son comunales, cinco corresponden a los gobiernos regionales y cuatro al gobierno nacional.
Además, tres son de tipo laboral, uno de gobierno local y otro está relacionado con el cultivo ilegal de hoja de coca.
También se da cuenta de que en 136 casos, al menos hubo un hecho de violencia desde que iniciaron y 57 conflictos pasaron a etapa de diálogo después de un hecho de violencia.
Gobierno nacional
Desde la Presidencia del Consejo de Ministros su titular, Mirtha Vásquez, en distintas declaraciones ha manifestado que la postura del Gobierno es abordar los conflictos sociales de manera pacífica y con diálogo, negándose así a declarar en estado de emergencia zonas en las que se han registrado acciones de violencia como el bloqueo de vías (ver nota vinculada).
De acuerdo con el reporte de la Defensoría del Pueblo, de las 202 controversias que existen, 125 son competencias del gobierno nacional, mientras que 54 corresponden al gobierno regional (ver gráfico).
Sobre el tiempo para solucionar las controversias, Vásquez manifestó que estas “no se pueden solucionar en tiempos cortos” y que más bien llevará años el gestionarlos (Gestión 30.12.2021).
Socioambientales
Los conflictos socioambientales lideran la lista de controversias. Del total de casos registrados, 129 corresponden a dicho tipo y 98 de ellos están activos.
El reporte detalla que 86 casos corresponden a conflictos relacionados a la actividad minera (de ellos 63 están activos); les siguen los casos por actividades hidrocarburíferas con 24 (de ellos 23 están activos).
También se dan ocho de residuos y saneamiento, cuatro de ellos están activos; de energía, dos; similar número en agricultura y uno es forestal.
Alertas
En atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo envió al Estado, las empresas y la sociedad 20 alertas tempranas de casos que pueden escalar para que se actúe en el marco de sus competencias y responsabilidades.
Del total de alertas, cuatro son conflictos nuevos, ocho son casos activos y ocho son casos en observación que pueden devenir en conflictos sociales. Además, 11 son de tipo socioambiental, cinco regionales, dos nacionales y dos comunales.
Loreto reúne el mayor número de alertas con cuatro, le sigue Amazonas con tres, dos de ellas son casos en observación, es decir que aún no ingresan a la lista de conflictos.
Similar número se presenta en Cusco, dos de ellos también son casos en observación, mientras que uno ya es un conflicto activo. Este último se refiere al de la minera Las Bambas con las comunidades de Huascabamba, Sayhua, Tahuay y Ccapacmarca.
Diálogo. Se tiene previsto que hoy se realice la reunión entre representantes del Gobierno y comuneros del distrito de Ccapacmarca, en Cusco. El viernes pasado la jefa del Gabinete, Mirtha Vásquez, confirmó su asistencia. En caso de que la autoridad no asista, los pobladores han amenazado con volver a bloquear el corredor minero. Dicha comunidad no firmó el acuerdo, del pasado 30 de diciembre, que permitió el desbloqueo del corredor minero y que Las Bambas volviera a operar.
En diciembre hubo 250 marchas, bloqueos y plantones
En su último reporte, la Defensoría del Pueblo informó que en diciembre pasado se registraron 250 acciones de protesta a nivel nacional. Entre ellas, marchas, bloqueos, plantones y otras medidas.
Se reportaron 22 acciones de protesta menos que lo informado en noviembre pasado (272), que fue el mes con mayores acciones colectivas de todo el 2021.
En total, se registraron 165 plantones a nivel nacional, 20 bloqueos de vías, 5 bloqueos de puentes, 18 marchas, 16 movilizaciones, entre otras medidas.
Los demandantes van desde pobladores de asentamientos humanos y sindicatos de trabajadores hasta empresarios y estudiantes universitarios.
Piura es la región con mayores acciones de protesta colectiva (30), seguida de Arequipa (29), Puno (21), Loreto (18), Junín (13), La Libertad (12), Cusco (12), Moquegua (9), Ica (6), entre otras.
A diferencia de noviembre, el mes pasado no se reportó ningún fallecido producto de los conflictos sociales en el país.
La Defensoría del Pueblo dio cuenta de dos personas heridas en un conflicto, 39 menos que lo informado en noviembre. Las dos personas heridas son civiles.