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El excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) Javier Gallardo recuperó su libertad, luego de que el juez Leodan Cristóbal Ayala declarara infundado el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva que se presentó en su contra, en el marco de las investigaciones de los presuntos ascensos ilegales de oficiales de dicha institución durante el gobierno de Pedro Castillo.
El magistrado adoptó también la medida en el caso del general PNP Luis Enrique Legua Egocheaga, el mayor PNP (r) Luis Ángel Tuesta Ramón y el suboficial PNP Jorge Tarrillo, quien fue escolta del expresidente Castillo
El juez Cristóbal Ayala consideró que no se han cumplido los presupuestos que exige la ley para imponer la prisión preventiva.
Subrayó que la Fiscalía se refirió de forma genérica sobre los investigados y no desarrolló de manera individual los cargos que le atribuye a cada uno de ellos dentro de este proceso penal, informó RPP.
Así, el magistrado dispuso que estas personas afronten la investigación preparatoria bajo mandato de comparecencia con restricciones, sujeto a reglas de conducta e impedimento de salida del país por el plazo de 36 meses. Además, los investigados deberán pagar cauciones económicas que van desde los S/ 4,000 hasta los S/ 10,000.
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Los investigados deberán cumplir las siguientes reglas de conducta: pasar por un control biométrico cada 30 días, dar cuenta de sus actividades cada 15 días en el Poder Judicial, concurrir ante la autoridad fiscal y judicial las veces que sea citado y la prohibición de comunicarse entre coimputados dentro de este caso.
El equipo especial de la Fiscalía, que lidera Marita Barreto, investiga la supuesta entrega de dinero para ascender a generales de la PNP en el 2021, durante la gestión del exjefe de Estado Pedro Castillo.
De acuerdo con la versión del Ministerio Público, Javier Gallardo Mendoza habría cumplido el rol de coordinador en la organización criminal de Castillo Terrones. En su condición de autoridad máxima de la PNP, “habría dirigido y articulado acciones ilícitas en cuanto al proceso de ascensos ilegales”.
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