Pedro Chávarry anuncia la salida del caso Lava Jato de Rafael Vela y José Domingo Pérez

El titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, anunció cambios en el equipo especial Lava Jato que era liderado hasta hace unas horas por el fiscal superior, Rafael Vela. En concreto, designó como reemplazo de Vela al fiscal superior Frank Almanza Altamirano, magistrado titular en Lavado de Activos y que actualmente tiene a su cargo el caso Sánchez Paredes.

Mientras que en reemplazo de José Domingo Pérez, nombró al fiscal provincial Martín Paucar. "He tomado la decisión para restablecer y reforzar la independencia del Ministerio Público, ante la presencia de fiscales que también pueden  asumir casos complejos, por lo que dejo sin efecto la designación de Rafael Vela y José Domingo Pérez".   

El titular del Ministerio Público explicó que su decisión se da porque han "habido hechos que atentan contra la jerarquía institucional y se ha violado la reserva de la investigación".

"El fiscal José Domingo Pérez, luego de su designación procedió a cuestionar mi elección que se produjo por aclamación en la Junta de  Fiscales Supremos y esta conducta ha sido reiterativa en diferentes circunstancias y lugares, hecho que no solo afecta mi persona sino a la autonomía del Ministerio Público, esta conducta ha sido avalada por el coordinador Vela Barba", sostuvo en una declaración en la que no permitió que los periodistas le hagan preguntas.

Como se recuerda, durante la semana el fiscal José Domingo Pérez denunció a Pedro Chávarry por obstrucción a la justicia en el caso cócteles por el cual Keiko Fujimori cumple prisión preventiva por el delito contra la administración de justicia en las modalidades de encubrimiento personal y encubrimiento real.

Acuerdo con Odebrecht en peligro

Los cambios realizados el último día del año 2018 ocurren a días de que se firme el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht -previsto para el 11 de enero- a lo que se suma que Pedro Chávarry anunció que "hará público el contenido de este acuerdo" pese a que si esto ocurre sin la autorización del Poder Judicial, se pondría en peligro el acuerdo con la constructora para la delación de los funcionarios públicos que fueron sobornados por la empresa brasileña.  Como parte de este acuerdo de colaboración eficaz, como se recuerda, la constructora brasileña se comprometió a pagar S/ 610 millones, de los S/1,250 por daños que estimó la Contraloría General de la República por los proyectos Avenida Evitamiento de Cusco, Costa Verde del Callao, Metro de Lima e IIRSA Sur tramos 2 y 3.