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La Defensoría del Pueblo instó a las autoridades competentes a evaluar la denuncia presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo de manera responsable, transparente y con respeto a la Constitución Política.
“Dicha evaluación deberá hacerse garantizando la máxima publicidad de los procedimientos a seguir, a fin de que la ciudadanía se mantenga informada en todo momento”, señaló la entidad en su cuenta institucional en Twitter.
Tras pedir a la ciudadanía mantener la calma, recordó que las tensiones políticas generadas por la actual coyuntura no deben afectar la protección de derechos fundamentales ni la adecuada prestación de los servicios públicos.
“En un Estado de derecho, las personas siempre son el fin supremo de la función pública”, sentenció la Defensoría del Pueblo en la red social.
Según la denuncia constitucional entregada por la fiscal de la Nación en mesa de partes del Parlamento, al mandatario se le acusa de los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
En el documento también se acusa de los mismos delitos a los exministros Juan Silva (Transportes y Comunicaciones), actualmente prófugo; y Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento).
La acusación argumenta la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contratación en diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas.
La formalización de la denuncia constitucional, ante el Congreso de la República, se produce luego de tres meses de investigaciones realizadas por la Fiscalía de la Nación.
De acuerdo a las investigaciones, la organización es integrada, entre otros, por los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado, así como por el exgerente general de Petroperú Hugo Chávez.
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