La Defensoría del Pueblo consideró que la denuncia presentada por el presidente Pedro Castillo contra el coronel PNP Harvey Colchado, jefe del equipo especial de la institución, resulta un “precedente”, ya que afecta la lucha contra la corrupción en el país.
A través de su cuenta institucional en Twitter, indicó que la misma condiciona a la Policía Nacional, dado que el jefe de Estado –conforme a la Constitución Política- es su jefe supremo.
Asimismo, informó ha solicitado a la Inspectoría General de la Policía una copia de la denuncia presentada por la defensa del mandatario en contra del oficial, según el oficio nro.° 173-2022-DP/ADHPD-PAPP.
“Recordamos a la Inspectoría de Policía su deber de actuar en consonancia a la Constitución y normas que rigen sus competencias. Consideramos que denuncia interpuesta condiciona a la PNP, dado que el presidente es, conforme a la norma suprema, su jefe supremo”, señaló en la red social.
“En base a lo señalado, denuncia resulta un precedente que afecta la lucha contra la corrupción en el país. Reiteramos que es deber de todas/os, más aun de quien representa a la Nación, respetar la autonomía e independencia de los órganos encargados de la administración de justicia”, agregó.
Como se recuerda, Eduardo Pachas, abogado de Castillo Terrones, pidió que se retire del cargo al jefe del Equipo Especial de la PNP, Harvey Colchado, por supuestamente haber “vulnerado la inmunidad del presidente de la República”.
El documento, al que tuvo acceso El Comercio, pide a la Inspectoría General de la Policía Nacional que se inicie proceso disciplinario y se pase al retiro a Colchado, quien lidera el equipo que trabaja junto a la fiscalía contra la corrupción del poder.
El día de la intervención en Palacio de Gobierno, el personal policial y del Equipo Especial de la Fiscalía fueron retenidos por una hora y quince minutos por miembros de la Casa Militar quienes indicaron que Castillo había dado la orden de que nadie ingresara a la residencia.
Cabe indicar que el presidente Pedro Castillo tiene actualmente seis procesos en curso al Ministerio Público, cinco de los cuales son por supuestos delitos cometidos en su gestión como jefe de Estado.
El equipo especial contra la corrupción del poder ha pedido 36 meses de impedimento de salida del país contra la primera dama, Lilia Paredes, y el mismo tiempo de prisión preventiva contra su hermana, Yenifer Paredes, quienes son investigadas por organización criminal.