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El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial, no solo pidió entre 11 y 20 años de cárcel al Poder Judicial contra los exdirectivos de las socias de Odebrecht en su acusación por el caso Inteoceánica.
Pérez también solicitó sanciones contra las personas jurídicas, en este caso, las constructoras nacionales Graña y Montero, ICCGSA y JJ Camet.
De acuerdo a la acusación a la que accedió Gestión, el fiscal propone que dichas empresas nunca más vuelvan a contratar con el Estado, según lo faculta el artículo 105 del Código Penal.
“Se debe prohibir definitivamente a las personas jurídicas Graña y Montero S.A.A. GYM S.A., ICCGSA y JJC Contratistas Generales S.A, para que contraten con el Estado conforme el artículo 105 inciso 4 prohibición a la sociedad, cooperativa o comité de realizar en el futuro actividades, de la clase de aquellas en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito”, se lee en el oficio.
El control de acusación de este caso estará a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho.
Las razones
Pérez señala que las constructoras tienen responsabilidad por los hechos delictivos que cometan quienes las dirijan o administren en su condición legal de administradores, representantes o funcionarios “al haber participado en el acto colusorio y actos de lavado de activos”.
“Es decir, los investigados José Graña, Fernando Camet, Hernando Graña, José Castillo Dibós, Gonzalo Ferraro Rey ostentaron un vínculo jurídico de representación directa con las empresas consorciadas a Odebretcht, y a partir del desempeño de esos cargos de alto rango, cometieron colusión y lavado de activos”, reza el documento.
Agrega que si bien los delitos son personales, “no cabe duda de que las constructoras se usaron para cometer ilícitos” y se repetiría en el futuro.
Lo pendiente
El fiscal Pérez reconoce que aún está pendiente que el Poder Judicial convoque a audiencia y emita fallo a su pedido del 5 de diciembre de 2019 para incluir en el proceso penal a las tres empresas.
Advierte que en ese requerimiento solicita para todas la prohibición definitiva para contratar con el Estado. En junio de 2018, la Corte Superior de Lima excluyó a las socias del caso y revocó la decisión del juez Richard Concepción.
No obstante, las empresas sí están incorporadas como terceros civiles responsables en la investigación. Esto significa que en el supuesto caso de que las empresas sean condenadas por el Poder Judicial, estarán obligadas a resarcir al Estado.