:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/3XJ6IX3SOJCQBGVUJDHDN5BCYU.jpg)
La Fiscalía de la Nación reiteró al Equipo Especial Lava Jato que no puede investigar al presidente Martín Vizcarra por el caso Obrainsa porque se trata de presuntos delitos de corrupción de funcionarios y no involucran a las empresas Odebrecht, OAS, Camargo y Correa y otras.
A través de un documento, señaló que el caso Obrainsa corresponde ser investigado por el subsistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios, al no advertirse que esté inmerso en los hechos conocidos como Lava Jato.
Asimismo, reiteró que no existen razones para ampliar las competencias al Equipo Especial Lava Jato para investigar el caso Obrainsa, que involucra a Martín Vizcarra cuando ejerció como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014.
Del mismo modo, mediante otro oficio remitido al fiscal superior Omar Tello, coordinador nacional de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, recordó que la solicitud de ampliación de competencias del Equipo Especial “no resultaba atendible y así se le respondió”.
“En consecuencia no hay ningún asunto por aclarar en la respuesta formulada”, sentenció Ávalos en el documento remitido a Tello Rosales.
Como se recuerda, el Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF), a cargo del fiscal provincial Elmer Chirre Castillo, abrió investigación preliminar sobre el presunto pago de un soborno de S/1.3 millones a Vizcarra cuando era gobernador regional de Moquegua.
La finalidad es esclarecer el presunto pago de un millón de soles que representantes del consorcio Obrainsa-Astaldi habrían realizado a Vizcarra Cornejo a fines del 2013 a cambio de ser favorecidos con la buena pro para la obra “Ampliación de la frontera agrícola Lomas de Ilo-Moquegua”.
La disposición emitida por el fiscal adjunto provincial Antonio Arévalo Castillo es por el delito de colusión por las irregularidades denunciadas en torno a la licitación pública para la construcción de la línea de conducción Nro. 1, Jaguay-Lomas de Ilo y sistema de riego, I etapa del proyecto antes mencionado.