La congresista Carolina Lizárraga solicitó indagación de la denuncia contra el cuñado del presidente Martín Vizcarra. (Foto: Juan Ponce / GEC)
La congresista Carolina Lizárraga solicitó indagación de la denuncia contra el cuñado del presidente Martín Vizcarra. (Foto: Juan Ponce / GEC)

La congresista Carolina Lizárraga (Partido Morado) presentó un pedido a la Comisión de Fiscalización del Parlamento para que se investiguen los pagos por más de S/ 320,000 realizados al cuñado del presidente de la República, Martín Vizcarra.

A través de un oficio enviado al titular de dicho grupo de trabajo, Edgar Alarcón (Unión por el Perú), la legisladora pidió someter a consideración los contratos firmados con el ingeniero Fredy Herrera Begazo, esposo de Doris Vizcarra.

“Solicito a usted se sirva evaluar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización y Contraloría que preside, la investigación de los contratos celebrados por el señor Herrera Begazo con el Estado desde el mes de agosto de 2016”, dice el documento.

Como se recuerda, el programa 'Cuarto Poder' reveló el último domingo que Herrera Begazo recibió más de S/ 320 mil por sus servicios al Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) adscrito al Ministerio de Agricultura (Minagri).

Herrera Begazo siguió contratando con el Estado hasta mayo del 2019, pese a estar impedido desde el 28 de julio del 2016 por la ley de contrataciones del Estado cuando su cuñado, el hoy jefe del Estado, juró como vicepresidente de la República.

El informe precisó que Herrera, en noviembre de 2016, recibió S/36 mil por sus servicios en prevención de conflictos en la zona del río Tambo.

Asimismo, según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en los últimos tres años ha cobrado S/ 290,000. Este monto se divide en S/ 100,000 el 2017, S/110 mil el 2018 y S/ 80,000 el 2019.

Sin embargo, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), en base a la Ley de Contrataciones del Estado, precisa que “las personas que cumplan una función pública, así como sus familiares, no pueden contratar con el estado durante su gestión y hasta 12 meses luego de haber dejado el cargo dentro de la jurisdicción de su competencia”.