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La presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe, hizo público su "total rechazo" a cualquier tipo de injerencia en el desarrollo de las funciones de los procuradores públicos que "cumplen a cabalidad con sus obligaciones en el estricto marco de la legalidad.
De esta manera, Príncipe se pronunció con relación a las últimas acciones ejercidas por los procuradores públicos que han derivado en investigaciones contra personajes del gobierno como el ministro de Transporte y Comunicaciones, Martín Vizcarra, y el propio presidente Pedro Pablo Kuczynski.
"El Consejo de Defensa Jurídica del Estado está facultado para orientado y evaluar la organización de las actividades de las procuradurías públicas", anotó.
No obstante, mencionó que tales atribuciones no deben confundirse con intromisión en el ejercicio propio de la defensa jurídica del Estado, toda vez que los procuradores públicos gozan de autonomía funcional.
"Dicha autonomía debe darse en cumplimiento de los demás principios rectores del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, al margen del cargo o jerarquía que ostente en la estructura del Gobierno", indicó.
En ese sentido, manifestó que los procuradores públicos se encuentran facultados para ejercer las acciones legales que se hallen bajo su competencia y consideren necesarias contra cualquier ciudadano o funcionario público, cuya actuación pudiera presentar indicios de carácter delictivo que afecten los intereses del Estado, al margen del cargo o jerarquía que ostente en la estructura del Gobierno.
"La mencionada obligación es inherente al encargo que se efectúa por medio de la designación de cada procurador público que, si bien es llevada a cabo por el Poder Judicial, no implica que este se constituya en un defensor de quienes lo conforman", señaló.
Por el contrario, subrayó que los procuradores deben mantenerse vigilantes y actuar diligentemente ante la mínima sospecha de hechos delictivos que pudieran afectar los intereses del Estado, cumpliendo con comunicar al Ministerio Público para que se inicien las respectivas investigaciones e impulsar las mismas.
"Siendo así, la Presidencia del Consejo de Defensa Jurídica del Estado reafirma la férrea convicción en que el respeto a la autonomía funcional de los procuradores púbicos constituye no solo un deber determinado normativamente, sino una vía para el fortalecimiento del Estado de Derecho en el que nos encontramos", finalizó.
