El fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las fiscalías contra el crimen organizado cuestionó la modificación del artículo 317 del Código Penal, que tipifica el delito de organización criminal, pues sostuvo que dicho cambio impone estándares que dificultan la tipificación del delito y ponen en riesgo más de 100 investigaciones en curso a nivel nacional.
La reforma establece que un hecho criminal debe tener una estructura compleja y desarrollada, lo cual es algo normal en cualquier organización criminal. sin embargo, el problema surge cuando se especifica que los delitos cometidos deben tener una pena mayor a seis años, señaló en Canal N.
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Chávez Cotrina explicó que varios casos de estafa agravada, minería ilegal y otras actividades ilícitas podrían quedar fuera del marco de la organización criminal debido a que sus penas mínimas son inferiores a seis años.
Esto implicaría que las investigaciones tengan que ser transferidas a fiscalías penales comunes, las cuales carecen de los recursos y la especialización para manejar estos casos complejos.
Operatividad de las diligencias
Además, Chávez Cotrina señaló que la reforma también afecta la operatividad de diligencias como los allanamientos, al convertirlos en exhibiciones de documentos, lo que debilita la capacidad de sorpresa y efectividad en la recolección de evidencias.
Esta modificación podría paralizar las investigaciones y dar tiempo a los delincuentes para ocultar pruebas. También se ha restringido la capacidad de las autoridades para solicitar el bloqueo de cuentas bancarias, lo que podría permitir a los criminales proteger sus activos financieros.
Finalmente, remarcó que esta normativa aprobada podría tener graves consecuencias para la lucha contra el crimen organizado en el país.
Cuestionamientos de gremios también
Distintos sectores han cuestionado la norma aprobada pro el Congreso. Los gremios empresariales manifestaron su posición en contra al indicar que pone en riesgo la seguridad ciudadana del país.
A través de un comunicado, Adex, Agap, CCL, Capeco, Confiep, SNI, y FTCCP consideraron grave que “se señale como requisito que las organizaciones criminales controlen la cadena de valor de un mercado o economía ilegal, con lo cual quedarían fuera quienes cometan delitos de extorsión, secuestro y asalto, que tienen en zozobra a la población”.
Asimismo, expresaron su disconformidad con los cambios en los operativos de allanamiento en el marco de investigaciones fiscales. “Estamos en total desacuerdo con que los allanamientos deban darse con la presencia del investigado y su abogado, lo que implica perder el factor sorpresa de estas intervenciones e incluso facilitaría el eventual ocultamiento de pruebas de los casos”, manifestaron.
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