:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/CA2MGV4LFRHAPHLQ643FMF6J5A.jpg)
La Defensoría del Pueblo presentó el informe sobre la evaluación realizada al Gobierno del presidente Pedro Castillo sobre la libertad de expresión y de prensa. Walter Gutiérrez, defensor del Pueblo, expuso los lineamientos y estándares del trabajo, así como los hechos en los que el Ejecutivo vulneró derechos fundamentales de los periodistas.
Gutiérrez dijo que para la elaboración del documento, el cual toma en cuenta los primeros 120 días de gestión, se identificaron estándares sobre las libertades de expresión e información desarrollados a partir de los pronunciamientos de los órganos nacionales y supranacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y el Tribunal Constitucional, y que constituyen las condiciones y requisitos que el ordenamiento jurídico debe respetar.
Durante su disertación, el Defensor del Pueblo mencionó algunos episodios en los que el actual Gobierno vulneró los derechos de la prensa.
Mencionó, por ejemplo, el caso de la agresión física a una reportera de TV Perú y las veces en que el ex presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, se expresó en quechua para ofender a reporteros.
“Desde las primeras semanas vimos con preocupación y, partiendo de un trabajo anterior, sometimos a una revisión según una serie de estándares. Hemos determinado que hubo transgresiones de estándares. Agresión a periodistas no solo físicamente, sino en el discurso. El anterior premier usó el quechua no para integrar a otros sectores sino para agredir, para burlarse de periodistas, eso se hizo varias veces”, refirió.
En esa línea, adelantó que el documento presenta dos conclusiones fundamentales.
La primera de ellas es que se convoque a una acuerdo para la protección de la libertad de expresión, en la que participen medios de comunicación y sectores de la academia.
La segunda es un proyecto de ley para que el Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP) no dependa del Ejecutivo sino que esté en manos de otras instituciones del Estado y de la sociedad civil.
