:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/4BJOTXRQY5HZ5PMSUBHQ64ZLEI.jpg)
El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley destinado a derogar la ley que el Congreso de la República aprobó el año pasado regulando el ejercicio del mecanismo de la cuestión de confianza.
El único artículo de esta iniciativa legislativa plantea la derogatoria de la Ley 31355. Esta, aprobada por el Parlamento en octubre 2021, desarrollaba lo señalado en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución.
En ella se establece que la cuestión de confianza planteada por el Consejo de Ministros, el titular del gabinete o algún ministro de Estado ante el Congreso solo puede estar “referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno”.
En tal sentido, no figuran entre estos temas aquellos vinculados a reformas constitucionales y tampoco temas “que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos”.
El Ejecutivo, apelando al principio del equilibrio de poderes, propone la derogatoria de esta ley, a fin de mantener la aplicación de lo que la Constitución establece respecto a la cuestión de confianza.
Se indica que toda modificación constitucional debe de hacerse mediante el mecanismo de reforma establecido en el artículo 206 de la Constitución, y se recalca que la ley 31355 fue aprobada como una norma legal ordinaria.
Argumentos constitucionales
Entre los fundamentos a los que apela, se encuentran dos sentencias del Tribunal Constitucional que consideran que la regulación de la cuestión de confianza consignada en la Constitución de 1993 tiene una modalidad abierta para darle al Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en la búsqueda de respaldo en el Congreso para desarrollar sus políticas.
Se invoca también al principio de separación de poderes, señalando que este, dentro del contexto constitucional vigente, promueve la cooperación entre las diversas instancias que conforman el Estado, a fin de reducir la posibilidad de que estas entren en conflicto.
“Prohibir que la cuestión de confianza trate sobre reformas constitucionales, impacta directamente en la prerrogativa de dirigir la política general del gobierno que tiene el Presidente de la República en un régimen presidencialista”, señala el Ejecutivo en la sección argumentativa del proyecto.