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poder judicial dispuso embargo para periodistas

Consejo de Prensa Peruana expresa su preocupación por embargo contra periodistas por caso Eteco

El 15 Juzgado Penal de Lima ordenó mandato de comparecencia y embargo preventivo contra los periodistas, Edmundo Cruz, del diario La República, y Óscar Castillar, director del portal de investigación Ojo Público.

Ley Mulder

(Foto: USI)

(Foto: USI)

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Los miembros de la junta directiva del Consejo de la Prensa Peruana (CCP) expresó su preocupación por la resolución del 15 Juzgado Penal de Lima que dispuso mandato de comparecencia y embargo preventivo contra los periodistas, Edmundo Cruz, del diario La República, y Óscar Castillar, director del portal de investigación Ojo Público.

Esta decisión se tomó en base a la denuncia interpuesta por Miguel Arévalo Ramírez -'Eteco'- que registra antecedentes por lavado de dinero del narcotráfico. 

Esta empezó por la publicación de investigaciones periodísticas en ambos medios de comunicación sobre las pesquisas del Ministerio Público, la Polícia y la DEA en contra de Arévalo.

En 2017, fue mencionado como jefe de una presunta organización dedicada al narcotráfico en los años 80 en el Alto Huallaga, en el marco de la investigación que la Policía realizó contra su primo, el alcalde de Tocache, David Bazán Arévalo.

En las investigaciones periodísticas se dieron a conocer los nexos de Arévalo con el narcotráfico. Al respecto, el CCP afirmó que la decisión judicial se dictan en el marco de las 10 denuncias por más de US$ 500 millones interpuestas por Miguel Arévalo Ramírez contra diversos periodistas y medios de comunicación.

"Este hecho se produce a unos días de la sentencia que condena al periodista Pedro Salinas a un año de prisión suspendida por el delito de difamación agravada, lo que denota una peligrosa tendencia orientada a criminalizar al periodismo de investigación", acotó el CCP.

En ese sentido, dijo que expresa su solidaridad con los periodistas denunciados y hace un llamado a las autoridades responsables de la tutela de derecho a fin de que adopten las medidas necesarias para garantizar el debido proceso y la libertad de prensa.

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