La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, en su sesión del último viernes 25 de noviembre, declaró improcedentes cuatro denuncias constitucionales por incumplir con los requisitos procedimentales.
Así con 21 votos a favor se declaró la improcedencia de la denuncia constitucional 034 (ex 339) formulada por la ciudadana Carina Olano Toribio contra los exmagistrados del Tribunal Constitucional (TC) Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinoza-Saldaña por no cumplir con los criterios de delito de función.
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La denuncia se formuló por la presunta infracción constitucional de los artículos 1, 2 numerales 20 y 23, 51, 138, 139 numeral 2, segundo párrafo), y 139 numerales 3 y 5; y por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, omisión de denuncia y prevaricato, sancionados en los artículos 376, 407 y 418 del Código Penal.
Enseguida, con el mismo número de votos se declaró improcedente la denuncia constitucional 267 presentada por el ciudadano Carlos Enrique Calderón Carvajal contra el expresidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Víctor Ticona Postigo y su actual titular, Jorge Luis Salas Arenas, por no cumplir con el requisito que se refiera a hechos que constituyan infracción constitucional o delito de función.
Según la denuncia, se acusaba a los antes mencionados por la presunta infracción del artículo 51 de la Constitución Política.
Posteriormente, con 22 votos a favor se declaró la improcedencia de la denuncia constitucional 303 del ciudadano Jesús Linares Cornejo contra el presidente Pedro Castillo; la vicepresidenta Dina Boluarte; el exprimer ministro Aníbal Torres; el ministro del Interior, Willy Huerta; y el titular de Justicia, Felix Chero.
Todos ellos habían sido denunciados por la presunta dolosa incapacidad moral permanente y continuada, suma inmoralidad, suma indolencia y la presunta comisión de los delitos de encubrimiento agravado, y fraude procesal.
Finalmente, con 14 votos a favor y 8 en contra fue aprobado el informe de calificación que declara improcedente la denuncia constitucional nro.308 formulada por los congresistas Pasión Dávila, Katy Ugarte y otros del Bloque Magisterial contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presunta infracción de los artículos 117, 38, 153 y 159 de la Constitución.
Según el documento elaborado, la denuncia no cumple con el criterio de que haya sido formulada por persona capaz, por si o mediante representante debidamente acreditada. Se precisa que la denuncia fue suscrita por la congresista Elizabeth Medina (Perú Libre), quien forma parte de la subcomisión desde el 25 agosto del 2022 siendo que la denuncia se presentó el 13 de octubre.
Se precisó que esto no cumple con lo dispuesto en la última línea del literal c) del artículo en el artículo 89 del Reglamento del Congreso, situación que es calificada de insubsanable.