La Comisión de Justicia del Congreso archivó el proyecto de ley que planteaba imponer cadena perpetua a los funcionarios públicos que incurran en el delito contra administración pública.

El argumento que primó para desestimar esa proposición fue que se trataba de una medida desmedida y fuera de la realidad.

Noelia Herrera Medina de Renovación Popular, la autora del proyecto, anunció que volverá a presentar la misma proposición legal, porque el objetivo es acabar con la corrupción pública.

En tanto que la presidente de la Comisión, Gladys Echaiz, consideró que el dictamen era “negativo” y puso como ejemplo el caso de las mujeres emprendedoras de las ollas comunes a “quienes, por extensión, son funcionarios públicos porque están recogiendo bienes con la finalidad de darlos a la población”.

Todas las señoras que trabajan para una olla común podrían ser consideradas como parte de una organización criminal y si volvieran a incurrir en un delito de la misma naturaleza entonces sí les correspondería la cadena perpetua”, explicó.

La parlamentaria cuestionó la propuesta, alegando que que un funcionario con condena por delito de corrupción, ya está inhabilitado para labora en el Estado, “por lo tanto, no podría reincidir (en el delito)”.

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