Indecopi confirma que no se infringieron derechos de la marca “Plata como cancha”

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual (SPI) del Indecopi declaró -en segunda y última instancia administrativa- infundado el recurso de apelación interpuesto por César Acuña y confirmó que Penguin Random House Grupo Editorial S.A. y el periodista Christopher Acosta no infringieron los derechos de propiedad industrial de la marca “Plata como cancha y logotipo”, ni realizaron actos de competencia desleal.

A través de la Resolución N° 290-2022/TPI-INDECOPI del 28 de febrero de 2022, la sala confirmó en todos sus extremos el pronunciamiento emitido, el 21 de junio de 2021, en primera instancia por la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi.

Entre otros aspectos, se concluyó que los denunciados “se dedican a brindar servicios distintos” a los de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial para el registro de marcas, para los cuales el líder de Alianza para el Progreso (APP) tiene registrada su marca “Plata como cancha y logotipo”.

Cabe recordar que la clase 35 agrupa a las marcas que brindan servicios de publicidad, administración comercial, gestión de negocios comerciales y trabajos de oficina.

Otro punto de la resolución indica que “ninguno de los servicios señalados en la denuncia ha sido identificado con la marca de Acuña Peralta”, la cual, según señala, no fue utilizada por los denunciados como una marca, sino que constituye el título de un libro de investigación periodística.

Además, se dispuso que César Acuña asuma el pago de “costas y costos” incurridos en este proceso por Penguin Random House Grupo Editorial S.A. y Christopher Acosta.

Proceso judicial

En enero pasado, el juez Jesús Vega condenó a los periodistas Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel a dos años de prisión suspendida y al pago de 400.000 soles de reparación civil a favor de César Acuña por supuestamente haberlo difamado en el libro “Plata como cancha”.

En consecuencia, tanto Acosta como Pimentel apelaron esta decisión ante una instancia superior, pues consideran que se trata de una resolución que vulnera derechos fundamentales, como la libertad de expresión y de prensa.

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