El último fin de semana el contralor de la República, Edgar Alarcón dijo que la ministra de Educación Marilú Martens, estaba involucrada en las investigaciones por la compra de computadoras, indicando que habría indicios penales.

Pero no solo ella estaría involucrada, sino también Edmer Trujillo Mori, actual Ministro de Vivienda y Saneamiento, que hace dos años ejerció el cargo de director de la Dirección de Educación Básica para Estudiantes con Desempeño Sobresaliente y Alto Rendimiento del Ministerio de Educación (Minedu).

"La señora Marilú Martens no está en su calidad de ministra, pues cuando se realizó las compras fue por requerimientos cuando era la directora de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural del Minedu y ella en esa posición solicitó la conformidad de la compra", señaló.

ProcesoDijo que este proceso se inició el 28 de noviembre del 2016, tras la detección de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por ingresos irregulares de funcionarios del Ministerio de Educación.

De esta manera la investigación por las operaciones de los últimos los años 2015 y 2016 es por la compra 144,218 computadoras por la suma de S/ 299 millones.

Entre los proveedores involucrados están Grupo Z&Z, Inversones SAC Compusoft, SRL, Macrotech Perú SAC y Ergo Tech SAC.

Adelanto de opiniónEdgar Alarcón indicó que no ha transgredido ni adelantado opinión en proceso, pues la información ya se había entregado al Ministerio Público el pasado 5 de junio, frente a un pedido realizado el 30 de noviembre.

"Se trata de una Carpeta de Control y no de un informe final de auditoría. La carpeta de control tiene: los hechos observados, la documentación sustentatoria, los partícipes de los hechos, las normas transgredidas y el perjuicio ocasionado", remarcó.

El contralor dijo que todo está en manos del Ministerio Público, y son ellos quienes tiene que tipificar la conducta. "Acá hay supuestos indicios que pueden determinar acciones penales", mencionó.

Lo que faltaría envía a la fiscalía sería las desviaciones, con el fin de determinar las responsabilidades administrativas, acá no se ha afectado el debido proceso.

Edgar Alarcon dijo que en total son 24 las personas involucradas en este proceso.