El expresidente peruano Alan García acusó hoy al actual mandatario de Perú, Martín Vizcarra, de politizar la justicia por exigir la dimisión del Fiscal de la Nación (fiscal general), Pedro Chávarry, cuestionado por sus vínculos con una gran trama de corrupción descubierta en la judicatura.
La acusación de García llegó después de que Chávarry afirmara en un mensaje en la red social Twitter que el Gobierno dirige al fiscal contra el lavado de activos José Domingo Pérez, quien este miércoles logró que un juez dictara tres años de prisión preventiva contra la líder opositora Keiko Fujimori por un presunto lavado de dinero.
"¿Es un golpe de Estado?", se preguntó Alan García, cuyo caso de los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht en la campaña en la Línea 1 del Metro de Lima durante su segundo mandato (2006-2011) también está pendiente de investigación en el despacho del fiscal Pérez.
García afirmó además que el Gobierno inició una "guerra" contra Chávarry por miedo a que Vizcarra sea investigado por la adenda del contrato de construcción del aeropuerto de Chinchero, en Cusco, suscrita por el actual gobernante cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
El Gobierno peruano y el fiscal general mantienen una confrontación en la que Vizcarra ha pedido en reiteradas ocasiones a Chávarry que dimita por su relación con los actores de esa gran red de tráfico de influencias, favores y prevaricación de la que participaban magistrados, empresarios y políticos.
A cambio, Chávarry ha amenazado a Vizcarra con investigarlo por el caso Chinchero, aunque la Constitución le impide acusarlo a menos que sea por casos extremos como traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso salvo en las excepciones previstas o impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones.
En las conversaciones telefónicas que revelaron el escándalo de corrupción judicial se escucha a Chávarry coordinar reuniones con el exjuez César Hinostroza, actualmente preso en España por presuntamente liderar esta trama, para que le ayudara obtener el favor de la opinión pública en su designación como fiscal general.
De momento, Chávarry, muy cuestionado por su cercanía con Hinostroza, se mantiene en el cargo gracias a la junta de fiscales supremos, donde cuenta con tres votos a favor frente a dos en contra, que son el suyo propio y el de otros dos fiscales que aparecen también en los audios que destaparon este escándalo.
También sigue al frente de la Fiscalía gracias a que el fujimorismo y el Partido Aprista, del mismo expresidente García, archivaron un proceso para destituirlo y siguen sin tramitar otras denuncias presentadas en el parlamento para desposeerlo del cargo.