:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/JSQEPM5AO5BYNNQ4FLEX2YDR2U.jpg)
Perú es un punto clave para el tráfico ilegal de vida silvestre a nivel mundial. Tan solo entre 2000 y 2016 se realizaron casi 6,000 intervenciones de productos y subproductos de fauna silvestre en el país, con destino hacia Europa, Asia y Norteamérica.
Este mercado negro internacional mueve cada año entre US$ 7,000 y US$ 23,000 millones, y está estrechamente vinculado a las redes de corrupción del crimen organizado, incluyendo el tráfico de drogas, de personas, de armas, y el lavado de dinero. Esto ha motivado que muchos países lo cataloguen y procesen como crimen organizado.
Un estudio de análisis comparativo de la normativa aplicada en 12 países, presentado por el Proyecto Prevenir de USAID esta semana, concluye que este tipo de categorización brinda mayores estrategias y herramientas de investigación a jueces y fiscales, ayuda a desarticular las redes delictivas y, por ende, es un desincentivo para los traficantes.
De acuerdo con dicho estudio - denominado “Argumentos técnicos a favor de la incorporación de los delitos de tráfico ilegal de flora y fauna silvestre a la Ley N.° 30077, Ley Contra el Crimen Organizado” -, urge que el Perú tipifique este delito como grave y fortalezca su persecución en línea con los acuerdos internacionales vinculantes.
“Perú es un blanco fácil para el comercio ilícito de vida silvestre en el mundo, ya que es un país megadiverso con variedad de flora y fauna”, mencionó Flavia Queirolo, parte del equipo del Environmental Law Institute (ELI), institución que elaboró el estudio.
A la espera de aprobación final
Como se recuerda, en abril último, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó el Proyecto de Ley 6051/2020-CR, que propone incorporar en la Ley Contra el Crimen Organizado los delitos de tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre (terrestre y acuática).
Felipe Paredes San Román, viceministro de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, remarcó que el origen zoonótico (es decir, por transmisión de animales a seres humanos) de la actual pandemia por la COVID-19, demuestra el gran peligro para la salud pública que representa este delito, por lo que dicho sector apoya el proyecto.
Más aún, “en el 2020 la pandemia no detuvo la actividad delictiva, en Perú se registró más de 1400 animales vivos decomisados”, señaló Miriam Cerdán, Directora General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de Serfor.
Yovana Murillo, Gerente del Programa Regional Contra el Tráfico de Vida Silvestre de WCS, agregó que el tráfico ilegal de vida silvestre no solo afecta a las especies, sino que pone en riesgo los medios de vida de las comunidades locales, sino que es una posible fuente de enfermedades emergentes. “Pese a los esfuerzos y las confiscaciones, se necesitan herramientas para la investigación y sanción de estos delitos”, indicó.
“El tráfico ilegal no solo impacta en el ambiente y salud de las personas, sino que también evade las normas tributarias. Por ejemplo, el comercio ilegal de productos hidrobiológicos representa entre US$ 4,200 y US$ 9,500 millones anuales en el mundo”, puntualizó Carmen Heck, Directora de Políticas de Oceana en Perú.
Iris Olivera, Coordinadora del Programa Derechos y Justicia Ambiental de DAR, coincidió en resaltar los beneficios de este proyecto que permitirá aplicar penas más rigurosas de privación de libertad, acceder a una investigación más profunda de la cadena de tráfico, levantar el secreto bancario y propiciar la cooperación transfronteriza, entre otros.
Finalmente, Kerry Reeves, Subdirector de la Oficina de Medioambiente y Desarrollo Sostenible de USAID, resaltó la importancia del estudio presentado como respaldo técnico al proceso que convertiría al Perú en líder de Sudamérica en la lucha frente a estos delitos ambientales.
Datos y cifras
El tráfico de vida silvestre es la cuarta actividad ilícita más lucrativa del mundo y mueve entre US$ 7,000 y US$ 23,000 millones por año, según la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC).
Solo en el Perú, entre los años 2000 y 2018, se han decomisado un total de 79,025 animales vivos, pertenecientes a 342 especies diferentes. Se estima que alrededor del 20% de animales decomisados en el Perú tenían destinos internacionales.
Las regiones de Ucayali, Madre Dios y, en mayor medida, Loreto, concentran el mayor tráfico de vida silvestre en el país. Entre el 2013 y el 2019, la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre de Loreto (GERFOR-Loreto) decomisó un total de 970 animales vivos, correspondientes a 97 especies diferentes.
