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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dijo que Perú ha intensificado recientemente sus esfuerzos encaminados a luchar contra la corrupción a nivel nacional y ahora debe continuar estos esfuerzos y extenderlos hacia la lucha contra el cohecho internacional y concientizar sobre este delito, según un informe difundido este miércoles.
El Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE acaba de completar la Fase 2 de evaluación de Perú sobre la aplicación de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, y documentos relacionados.
El Grupo de Trabajo, conformado por 44 países, aprecia la importancia que concede Perú a la lucha contra la corrupción a nivel nacional. Sin embargo, las partes interesadas peruanas no tienen conocimiento, en general, del delito de cohecho internacional ni de la Convención, a pesar de que muchas empresas del Perú operan a nivel internacional y se exponen a pagar sobornos a servidores públicos.
“Por lo tanto, Perú debe concientizar urgentemente sobre este delito, en particular a los jueces, fuerzas del orden (incluyendo fiscales, procuradores y policías), las autoridades gubernamentales pertinentes y el sector privado. Una mayor comunicación y difusión sobre estos temas es esencial para aumentar la aplicación y cumplimiento de las leyes de Perú contra el cohecho internacional”, señala el informe.
Para mejorar la lucha de Perú contra el cohecho internacional, el Grupo ha formulado las siguientes recomendaciones:
- Proteger a los fiscales para que no sean retirados de los casos de manera injustificada
- Reducir el número de jueces y fiscales provisionales y supernumerarios
- Proteger a los denunciantes en los sectores público y privado, y promover una cultura de denuncia de irregularidades
- Mejorar la coordinación y el control de las solicitudes de asistencia judicial recíproca a otros países
El informe también destaca los aspectos positivos de los esfuerzos que Perú dedica a combatir el cohecho internacional. El Equipo Especial Lava Jato ha iniciado el enjuiciamiento de numerosos políticos y funcionarios públicos peruanos de los más altos niveles. Para lograr que estos casos se concluyan con éxito, Perú deberá mantener los recursos y el apoyo otorgados al Equipo Especial.
También son prometedoras las recientes reformas del sistema de nombramiento, disciplina y destitución aplicables a jueces y fiscales, aunque su impacto solo se podrá ver en los próximos años. Perú se ha comprometido a mejorar su recopilación de datos estadísticos sobre la asistencia judicial recíproca y el enjuiciamiento del lavado de activos, resalta el documento de la OCDE.
Los legisladores también han manifestado su determinación de promover las reformas necesarias para dar respuesta a las preocupaciones del Grupo de Trabajo.
El Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE adoptó el informe el 17 de junio del 2021, incluidas las recomendaciones dirigidas a Perú en las páginas 70 a 75. Conforme a los procedimientos establecidos, en junio del 2022, Perú informará al Grupo de Trabajo de forma oral sobre las medidas adoptadas para aplicar las principales recomendaciones y, en junio del 2023, presentará un informe escrito sobre la aplicación de todas las recomendaciones. Este reporte escrito será público.
La OCDE es un foro de política internacional, que trabaja con más de 100 países y promueve políticas para preservar la libertad individual y mejorar el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo.