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Entre diciembre de 2022 y enero de 2023, el Ministerio Público abrió ocho investigaciones fiscales por las muertes durante las protestas reportadas en diversas regiones y que siguen escalando al sur del país. Las indagaciones determinarán a los responsables de la pérdida de estas vidas humanas.
La Fiscalía detalló que se tienen 17 carpetas fiscales por los ciudadanos lesionados o heridos, 80 para investigar a quienes presuntamente habrían cometido delitos contra la administración pública, disturbios, violencia, resistencia a la autoridad y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos; así como 3 carpetas fiscales por los ataques a las sedes del Ministerio Público.
En total, se iniciaron 11 investigaciones preliminares contra los que resulten responsables de los hechos de violencia ocurridos en las regiones de Puno, Cusco, Arequipa, Apurímac, Ucayali y Lima.
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De acuerdo a las primeras indagaciones efectuadas por las fiscalías Penales, Prevención del Delito, y Contra la Criminalidad Organizada se conoció que producto de los enfrentamientos producidos durante las manifestaciones, se tienen 42 fallecidos, 41 civiles y un agente policial; así como 531 heridos de los cuales 355 son civiles y 176 agentes de la Policía Nacional.
Asimismo se han detenido a 329 ciudadanos, entre ellos un menor de edad, a quienes se les investiga por los presuntos delitos contra la administración pública, disturbios, violencia, resistencia a la autoridad y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.
Vale precisar que el Perú ha vivido una ola de protestas desde que el pasado 7 de diciembre el Congreso decidiera aprobar la vacancia a Pedro Castillo, luego de que este anunciara un golpe de Estado. Una vez que Dina Boluarte asumió el cargo de Presidenta de la República se iniciaron movilizaciones exigiendo su renuncia, el cierre del Congreso y nuevas elecciones generales.