Ante el bloqueo del río Corrientes, ubicado en el distrito de Trompeteros, provincia de Loreto, departamento de Loreto, por las organizaciones que del Bloque Lote 8, por parte de comunidades nativas, la Defensoría del Pueblo exhortó al diálogo inmediato.
La medida la acatan desde el 19 de mayo, según denuncian ante el incumplimiento por parte del Estado de los acuerdos en el acta de consulta previa.
La institución indicó que la medida de fuerza representa un riesgo para los derechos fundamentales de los trabajadores de la empresa estatal Perupetro que se encuentran en el campamento Percy Rosas y efectivos de la Policía Nacional del Perú quienes brindan seguridad a las instalaciones del lote.
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La manifestación la realizan la Federación de Pueblos Indígenas Urarinas del Río Chambira (FEPIURCHA), Federación de Indígenas Urarinas del Río Chambira (FEIURCHA), la Federación Indígena Urarinas del Río Corrientes (FIURCO), la Federación de Comunidades Nativas del Centro del Río Corrientes (FECONACER), y la Federación de Pueblos Indígenas Achuar y Urarina del Río Corrientes (FEPIAIRC).
En esa línea, la Defensoría del Pueblo invocó al Gobierno nacional conformar una comisión que viaje a Loreto, liderado por la Presidencia del Consejo de Ministros, para afianzar las condiciones básicas para el desarrollo de un proceso de diálogo con los pueblos indígenas, en el marco del cumplimiento de un acuerdo suscrito en una de las actas de Consulta Previa del Lote 8, de marzo de 2024, relacionado a la creación de un grupo de trabajo, desde el Ministerio de Energía y Minas (Minem), para atender las demandas sociales no relacionadas a la medida administrativa sujeta a consulta.
“Hacemos un llamado a los dirigentes e integrantes de las organizaciones indígenas FEPIURCHA, FEIURCHA, FIURCO, FENOCANER y FEPIAIRC, y a las comunidades que representan, a que depongan las medidas de fuerza tomadas que afectan derechos de terceros y evitar cualquier acción que pueda desencadenar en una confrontación entre comunidades”, expresó.
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Recordó al Estado Peruano que el derecho a la consulta previa es una garantía jurídica que permite tutelar otros derechos e intereses de los pueblos indígenas, siendo el cumplimiento de los acuerdos arribados en la consulta uno de los elementos constitucionalmente protegido de dicho derecho. En caso de incumplimiento de acuerdos, se afecta el derecho a la consulta previa y el principio de buena fe que se sostiene a lo largo de dicho proceso.
“Si bien existen acuerdos generados en dicho proceso de consulta, aún persisten demandas y necesidades pendientes e históricas de atención en materia de educación, salud, infraestructura, medio ambiente, titulación de tierras, entre otros, en beneficio de los derechos de los pueblos indígenas de la zona, que deben ser encaminadas a través del grupo de trabajo que el Minem se comprometió a conformar”, acotó.
Finalmente, la Defensoría indicó que en cumplimiento de sus funciones en materia de defensa de los derechos fundamentales de las personas y de supervisión de la administración pública, reiteró su disposición a colaborar en una salida pacífica a este problema.
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