Montoya descartó que que la moción responda a una “lucha de poderes” o a un “capricho” del Poder Legislativo, sino al ejercicio del control político. (Foto: archivo El Comercio)
Montoya descartó que que la moción responda a una “lucha de poderes” o a un “capricho” del Poder Legislativo, sino al ejercicio del control político. (Foto: archivo El Comercio)
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Redacción Gestión

En entrevista con Exitosa, el congresista y vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, mencionó que el presidente de la República, Pedro Castillo, “al paso que va”, no concluirá con sus años de mandato, luego que este jueves se presentara una moción de vacancia en su contra.

El congresista indicó que mientras el jefe de Estado no subsane sus errores, no habrá mayor solución que una destitución presidencial.

“Nosotros estamos desde el Congreso defendiendo los ejes democráticos que tienen que tener el país para seguir sobreviviendo; estamos haciéndole ver (a Castillo) que es necesario hacer un cambio”, subrayó.

Montoya descartó que la moción responda a una “lucha de poderes” o a un “capricho” del Poder Legislativo, sino al ejercicio del control político.

“Lo que estamos haciendo es ejerciendo un control político, un poco más fuerte, directamente hacia él, diciéndole que está equivocado en la política que está llevando a cabo, que sigue poniendo a gente que no corresponde en el Gabinete y que eso puede causar mucho daño al país. Eso eso o que vamos decírselo directamente”, dijo en Exitosa.

Moción de vacancia

La moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo fue presentada el día jueves 25 de noviembre ante la mesa de partes del Congreso, luego que esta iniciativa fuera planteada por la tercera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Chirinos, durante un debate en el Pleno.

Las bancadas que se sumaron a esa propuesta fueron Renovación Popular y Fuerza Popular y Avanza País.

Motivos

Entre los motivos, se destaca el de “uso ilegal de fondos públicos del Gobierno Regional de Junín en la Campaña electoral 2021 de Perú Libre” y el de “designación de altos funcionarios vinculados al terrorismo y acusados de apología al terrorismo”.

Además, por el “tráfico de influencias en ascensos de las Fuerzas Armadas y en la Sunat”; así como la “libertad de expresión, maltrato a medios de comunicación y negativa a rendir cuentas”.

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