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Recibir newsletterAnte a los altos índices de inseguridad ciudadana, el incremento de robos y casos de extorsión, el congresista Manuel García Correa de Alianza para el Progreso (APP) presentó un Proyecto de Ley a las Comisiones de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas en el que proponen que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) apoyen a la Policía Nacional del Perú (PNP) en operaciones de ataque contra la delincuencia. Sin embargo, la ausencia de detalles genera cuestionamientos entre los especialistas. ¿Qué tan factible es aplicarla?
Según la Constitución peruana, es la PNP la encargada de resguardar la seguridad interna del país, mientras que las FF.AA. tienen la responsabilidad de resguardar las fronteras.
Sin embargo, esta última entidad puede apoyar a la Policía en el caso de que “se declare un estado de emergencia, exista una situación crítica, se requiera de una fuerza mayor y en caso de guerra”, aclara Esteban Arias, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
¿FF.AA. lucharían contra la criminalidad?
La iniciativa legislativa no precisa cómo se habilitaría que las Fuerzas Armadas trabajen con la PNP. Francisco Álvarez, docente de derecho penal de la Universidad de Piura, considera que debe realizarse una reforma legal.
Si bien es cierto, se habla de realizar labores de inteligencia y patrullaje en casos de extorsión, sicariato y robo armado; sin embargo, no menciona el rol de cada institución.
“Inicialmente, tendría que verse la unificación de las funciones para que estas no se vean superpuestas si se pretendiera incorporar a las FF.AA. para actuar contra la criminalidad”, menciona Claudia Susano, especialista en derecho
Por su parte, el politólogo Esteban Arias considera que se implementen limitaciones en el Proyecto de Ley, ya que el documento presentado se presta a la interpretación.
“Podría mencionarse que los militares actúen con la PNP solo en zonas que presenten un alto índice de criminalidad, en una situación crítica; ya que lo que se da a entender que estén presenten en cualquier momento que se les solicite”.
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Aspectos negativos de aprobarse este Proyecto de Ley
- No es lo mismo manejar un revolver, a un arma de largo alcance:
Claudia Susano considera que debe implementarse medidas en materia de regulación, ya que los mecanismos de defensa de para la PNP y las FF.AA. no son iguales.
“No es lo mismo manejar un revolver, a manejar un arma de largo alcance o utilizar un tanque. No debería hacerse a través de una norma, con rango de Ley, porque estaríamos yendo contra lo establecido en la Constitución del Perú”.
La especialista considera que, probablemente, los ciudadanos puedan impresionarse al ver a un militar caminando con un rifle u otro tipo de arma.
- ¿Las FF. AA. investigarán los delitos?
Francisco Álvarez recuerda que la PNP no solo se encarga de resguardar la seguridad ciudadana, sino también de investigar a las organizaciones criminales y su modo de operar. En el Proyecto de Ley, no se indaga sobre el tema. ¿Las FF.AA. investigarán los delitos?
“La PNP tiene unidades de investigación. Si el Congreso quisiera que esto sea ley, habría que ver que las FF.AA. se encarguen de la investigación de los hechos, pero ellos no están precisamente formados para eso”.
Susano coincide y señala que “un militar está formado en la Fuerza Armada, en la Fuerza Aérea, en la Marina de Guerra. No tiene la formación de la PNP. A los militares no se les tendría que poner e investigar delitos o que actúen como guarda. No se les da ese tipo de funciones”.
- Las FF. AA. no tienen la función de detener a los transeúntes
A diferencia de las FF.AA., la PNP puede detener a los ciudadanos y solicitar los documentos correspondientes para saber si tienen antecedentes legales. Según la Constitución, un militar no tiene esa facultad, recuerda Susano.
“La única autoridad que puede detener es un Policía, no un militar. ¿Está conferido por la Constitución para detenerte? No. Nadie puede ser detenido si no es por mandato del juez o por las autoridades policiales. En ese caso, tendría que hacerse un cambio en la Constitución o una reforma para incluir estas funciones, lo cual no me parece lo más dable”.
A ello, Francisco Álvarez hace la siguiente interrogante: ¿Qué sucede si las FF.AA. capturan en flagrancia a un ladrón o sicario?, ¿O lo debe hacer exclusivamente la PNP?
Se debe tener en cuenta de que la PNP trabaja junto a la fiscalía, pero si las FF.AA. encuentran un caso en flagrancia, ¿la Fiscalía intervendrá también? Eso no se precisa en el Proyecto de Ley.
Por otro lado, Esteban Arias recalca que, en el caso de identificar una propiedad vinculada a una organización criminal, ¿las FF.AA. pueden ingresar?, ¿qué armamento deben disponer?
“Hay una serie de medidas que protegen al ciudadano ante las fuerzas del orden, pero también hay otras que obligan a la PNP a intervenir. Se tiene que intentar buscar el punto medio entre eficiencia y el respeto a las libertades”.
Adicional a ello, el profesional recuerda que las FF.AA. están educados para enfrentar una guerra y, al poseer un arma, existen diversos riesgos: “no deberíamos mandar a personas con armas si no están realmente formados para hacer un trabajo eficiente. Las autoridades deben asegurarse de que tenga la menor cantidad de efectos negativos posibles”.
- ¿Cuántas FF.AA. se dedicarían al apoyo de la PNP?
En las fronteras del Perú, persisten problemas de narcotráfico, minería ilegal, el posible ingreso de delincuentes internacionales, entre otros. ¿Hay capacidad suficiente como para solicitar personal que resguarde la seguridad interna?
“De aprobarse el Proyecto de Ley, estamos quitando a un grupo de personas que atienden la seguridad externa. Estamos dejando un vacío en nuestras fronteras. ¿Cómo se va a llenar esto?, no es que tengamos una cantidad insuperable en la defensa”, cuestiona Álvarez.
En paralelo, ¿cómo se retribuirá esta labor diferente que las FF.AA. tendrían que cumplir? El sueldo que perciben los militares no es tan motivante como para realizar otras funciones más.
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Recomendaciones para una mayor eficiencia en la lucha contra la criminalidad
Los expertos consideran que el tema no se trata de la cantidad de efectivos policiales en las calles, sino que están mal distribuidos. Claudia Susano agrega que las municipalidades necesitan de un mayor apoyo económico para contratar personal de serenazgo, realizar patrullajes, entre otras acciones; para que impacte socialmente a los criminales y estas conductas se reduzcan.
Francisco Álvarez añade que el marco normativo está orientado a las acciones de la PNP, no a las FF.AA. En ese caso, si se quiere incrementar al personal, las autoridades deben fomentar el interés de los ciudadanos de pertenecer a la entidad y otorgar mejores condiciones salariales.
Adicional a ello, se debe tener en cuenta de que la formación militar, el diferente, no es común al trato con el ciudadano, por lo que tendrán una respuesta más fuerte ante un problema: “el apoyo de las FF.AA. se tiene que dar en casos puntuales y de extrema gravedad en seguridad común”.
Finalmente, Arias considera que se debe realizar un trabajo de fondo y debe ser transversal, es decir, que varias instituciones del sector estén incluidas para que la Ley se acate.
“No es del todo cierto que los delincuentes actúan porque falten efectivos policiales o logística. La criminalidad persiste porque hay una gran impunidad y hay una cadena de justicia que no funciona en una o varias partes, es decir, existe corrupción en entidades como la PNP, la Fiscalía y/o el Poder Judicial”, explica.
Por otro lado, resalta que este Proyecto de Ley viene del Poder Legislativo, cuando es el Poder Ejecutivo el encargado de temas así. En ese caso, considera que el Congreso debe proponer proyectos con mayor rigidez.
“Deben poner restricciones frente a los dispositivos en las cárceles, ya que ahí inician las coordinaciones entre una organización criminal; podrían otorgarse recompensas a quienes delaten jueces y fiscales corruptos; entre otras acciones. Además, los parlamentarios pueden realizar un lobby y reunirse con otras instituciones relacionadas con la justicia para identificar las barreras e implementar medidas de mejora”.
Periodista. Bachiller en la Universidad San Martín de Porres con experiencia en medios digitales. Actualmente, me desempeño como Redactora Web en Gestión con gran interés en temas económicos y las finanzas.
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