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Los indígenas de la etnia Wampis solicitaron al gobierno de Pedro Castillo “acciones inmediatas” para frenar la tala ilegal en su territorio amazónico, ante las amenazas de muerte que reciben sus líderes por parte de taladores y mineros ilegales, denunciaron las autoridades de esa comunidad.
“Necesitamos presencia inmediata del gobierno para tratar este tema bien delicado. Necesitamos que se detengan todos los procesos de talas ilegales porque está generando un clima polarizado”, sostuvo en una entrevista telefónica Galois Flores, vicepresidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW).
Flores hizo un llamado al gobierno nacional a visitar su territorio que, conformado por 85 comunidades y unas 16,000 personas, abarca más de 1.3 millones de hectáreas en los valles de los ríos Santiago y Morona, entre las regiones selváticas de Amazonas y Loreto.
“Queremos que ellos mismos vengan acá para poder reunirnos y encontrar una solución a esta problemática y buscar alternativas de desarrollo para el pueblo”, señaló.
Según explicó, la región está siendo cada vez más afectada por la extracción indiscriminada de cedro, caoba y otros árboles por parte de organizaciones criminales que amenazan de muerte a los dirigentes del GTANW.
“Las maderas que se están llevando son de procedencia ilegal por ello las autoridades hemos recibido muchas amenazas de muerte por parte de los madereros y también mineros”, declaró Flores.
Además, el vicepresidente denunció que las mafias están reclutando a algunos integrantes del pueblo wampis, lo que “genera problemas sociales” entre paisanos.
Por ello, el GTANW mandó una carta al gobierno de Castillo solicitando una “reunión ampliada y de emergencia para planificar acciones conjuntas en el territorio de la Nación Wampis”.
En el documento, remitido el 17 de junio pasado al primer ministro, Aníbal Torres, los dirigentes de este grupo indígena alertaron que, en los últimos días, el conflicto con la tala ilegal “ha generado una situación tensa entre las comunidades que defienden el bosque y los madereros ilegales” y pidieron que las amenazas de violencia sean “frenadas por las autoridades”.
Solicitaron, también, que se active “de manera urgente el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos a favor de todas las autoridades” del GTANW.
“El gobierno debe cumplir sus deberes y asumir sus responsabilidades en cualquier desenlace”, indican los líderes, tras criticar la ausencia del Estado para atender sus problemáticas.
En setiembre del año pasado, la Organización de Naciones Unidas confirmó la inclusión del GTANW en el registro de “Territorios y Áreas conservadas por pueblos indígenas” (Ticca, por sus siglas en inglés), que permite a las comunidades custodiar la toma de decisiones acerca de su hábitat.
Para los dirigentes de ese pueblo, este registro supone un reconocimiento a los esfuerzos de los wampis por conservar, proteger y gestionar su territorio con las prácticas de sus ancestros.
Cada año, los bosques del territorio del GTANW capturan 57 millones de toneladas de carbono, lo que significa que en apenas dos años logran capturar la misma cantidad de emisiones de gas de efecto invernadero que el Perú se comprometió a reducir en un lapso de diez años hasta el 2030.
